La guía fue elaborada por el Cuerpo Médico Forense y establece criterios comunes para analizar la situación clínica de detenidos en cárceles federales. La decisión sobre el beneficio seguirá en manos de los jueces.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un protocolo destinado a unificar las evaluaciones médicas de las personas detenidas en unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que soliciten prisión domiciliaria por motivos de salud. La medida fue formalizada mediante la Resolución 2867/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El documento fue elaborado por el Cuerpo Médico Forense a partir del encargo realizado por el máximo tribunal en la Acordada 21/2026. Alcanza a condenados y procesados mayores de 18 años alojados en cárceles federales y contempla tres situaciones previstas por la ley: la imposibilidad de recuperarse o tratar una enfermedad en prisión, una enfermedad incurable en etapa terminal con un pronóstico de vida de unos seis meses, y una discapacidad que haga inadecuada la detención o implique un trato indigno.
La evaluación tendrá dos componentes: el examen presencial médico, odontológico y de salud mental del detenido —con la posibilidad de una entrevista telemática si hay un médico de la unidad presente— y el análisis de si el tratamiento requerido puede brindarse efectivamente en el establecimiento. Para eso se revisarán, entre otros aspectos, la atención durante la noche y los fines de semana, la provisión de medicamentos, el cumplimiento de dietas y la existencia de rampas y ascensores. El protocolo advierte que la presencia nominal de un recurso no demuestra que sea accesible.
Las autoridades penitenciarias deberán completar un formulario con carácter de declaración institucional. Esa información será contrastada con la historia clínica, los informes de la Procuración Penitenciaria y de la Defensoría General, y los hábeas corpus colectivos vigentes. El protocolo también señala que ninguna unidad del SPF cuenta con alta complejidad: los casos que requieran terapia intensiva, cirugía, unidad coronaria o hemodiálisis deberán resolverse mediante derivaciones a hospitales externos.
Las pericias deberán concluir dentro de cinco categorías, desde la posibilidad de realizar el tratamiento en la unidad hasta la imposibilidad de llevarlo adelante en cualquier ámbito penitenciario. También habrá una categoría para la falta de información suficiente, por ejemplo, si el SPF no remite la documentación solicitada. Los mayores de 70 años, las embarazadas y las madres de niños pequeños quedan fuera de esta evaluación, salvo que además presenten alguna de las situaciones de salud contempladas.
La Corte aclaró que las categorías no recomiendan otorgar o rechazar la prisión domiciliaria, porque esa resolución corresponde exclusivamente a los jueces. El estándar deberá ser utilizado por cualquier profesional designado por un tribunal, aunque no pertenezca al Cuerpo Médico Forense. La resolución ordenó comunicarlo a las cámaras con competencia penal, a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a los ministerios de Justicia y de Seguridad. La primera revisión está prevista para dentro de seis meses y luego habrá actualizaciones anuales.