El tribunal consideró que el juicio político vulneró garantías judiciales e independencia judicial. Ordenó reparaciones económicas e institucionales y fijó un año para que el Estado informe las medidas adoptadas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la Argentina incurrió en responsabilidad internacional por el proceso que terminó con la destitución del exjuez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor, el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
El tribunal sostuvo que el Congreso utilizó el contenido jurídico de sentencias firmadas por el magistrado como fundamento de la remoción, lo que implicó una intromisión indebida en la independencia judicial y en la división de poderes. Moliné O’Connor había sido designado para integrar la Corte Suprema en 1990, durante el gobierno de Carlos Menem, y el Senado lo declaró culpable en dos de los nueve cargos vinculados con la causa Meller.
La resolución también señaló vulneraciones a las garantías judiciales, los derechos políticos, el plazo razonable y el derecho a la seguridad social. El trámite demoró más de 20 años y, en octubre de 2004, fue revocada la pensión vitalicia que el exjuez tenía asignada desde 1998. Como Moliné O’Connor murió en 2014, su familia continuó con el reclamo.
La Corte Interamericana aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que la Argentina incorporó con jerarquía constitucional en 1994. Las personas no pueden acudir directamente al tribunal: deben agotar las instancias internas, salvo excepciones como una demora injustificada o la falta de garantías, y presentar luego el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este expediente, la petición ingresó en noviembre de 2003 y fue elevada a la Corte en agosto de 2024.
Sus sentencias son definitivas, inapelables y obligatorias para los Estados que aceptaron su competencia, entre ellos la Argentina. En este caso, el país deberá pagar 600.000 dólares por lucro cesante y daño material, además de 25.000 dólares por daño inmaterial, montos que se repartirán entre la esposa y los hijos del exjuez. También tendrá que regularizar el régimen de la pensión vitalicia.
Como parte de las medidas institucionales, la Argentina deberá publicar el resumen oficial de la sentencia y garantizar que, en futuros procesos, el artículo 53 de la Constitución Nacional, referido al juicio político por mal desempeño, se aplique con respeto al debido proceso y a la independencia judicial. El Gobierno dispone de un año desde la notificación para informar qué acciones tomó en cumplimiento del fallo.