El tribunal consideró que el juicio político vulneró garantías judiciales, la independencia del Poder Judicial y derechos políticos. También ordenó regularizar la pensión vitalicia y pagar indemnizaciones a sus herederos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó internacionalmente a la Argentina por la remoción del exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eduardo Moliné O’Connor. El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y conocida hoy, el tribunal sostuvo que el proceso estuvo afectado por irregularidades y que la acusación se basó en el contenido de decisiones que Moliné O’Connor había firmado como integrante del máximo tribunal. La Comisión de Juicio Político de Diputados había admitido cuatro pedidos de remoción, relacionados, entre otros asuntos, con las causas Meller, Magariños y Macri.
La Corte Interamericana señaló que utilizar los criterios jurídicos de un magistrado como fundamento para destituirlo implicó una injerencia indebida en la separación de poderes y afectó la independencia judicial. En ese marco, declaró vulnerados los derechos a las garantías judiciales, los derechos políticos y la protección judicial de Moliné O’Connor, además de sus derechos al trabajo, la seguridad social y la propiedad privada, y la garantía del plazo razonable.
El fallo también cuestionó la revocación de la pensión vitalicia que el exjuez recibía desde 1998. El beneficio fue quitado en octubre de 2004, después de la destitución, y el tribunal ordenó al Estado regularizar el régimen que le correspondía. Asimismo, fijó una indemnización de 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante, y otra de 25.000 dólares por daño inmaterial, cuyos montos deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos.
Moliné O’Connor murió el 20 de agosto de 2014, por lo que el proceso internacional continuó con sus familiares. La petición ante la Comisión Interamericana había sido presentada en noviembre de 2003 y el caso llegó a la Corte en agosto de 2024.
Entre las medidas ordenadas, la Argentina deberá publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial. Además, las autoridades nacionales tendrán que interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución, referido a la causal de mal desempeño para remover a jueces de la Corte Suprema, con respeto al debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos. El Estado contará con un año desde la notificación del fallo para informar las medidas adoptadas, mientras que la Corte Interamericana supervisará su cumplimiento íntegro.