El pedido fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie, que reclama precisiones sobre el alcance de una sentencia que dejó sin efecto una medida cautelar contra el decreto 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia convocará a dos conjueces para intervenir en un planteo relacionado con su reciente fallo sobre la Ley de Tierras. Los magistrados serán elegidos este martes por sorteo entre los presidentes de las cámaras federales.
La presentación fue realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que solicitó aclarar si la sentencia dictada la semana pasada también tiene efectos sobre el amparo que promovió contra el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, mediante el cual se derogó la Ley de Tierras 26.737.
La organización sostiene que su legitimación para accionar es distinta de la invocada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), cuyo planteo fue rechazado por la Corte. El máximo tribunal había anulado una medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional la derogación, al considerar que el Cecim no estaba habilitado para iniciar esa demanda.
Árbol de Pie pidió que se determine si su expediente puede continuar y, eventualmente, que se tramite ante la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche. También planteó que la propia Corte resuelva la medida cautelar si entiende que están dadas las condiciones y existe una urgencia que impida otra alternativa. Según explicó la periodista Paz Rodríguez Niel, la convocatoria de conjueces responde a la falta de acuerdo entre los integrantes del tribunal.
La entidad ambientalista afirmó que su acción se vincula con derechos de incidencia colectiva relacionados con la protección del ambiente y con los derechos de pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales. En ese sentido, pidió que se precise el alcance de la decisión adoptada en el caso Cecim y si esta puede extenderse a su expediente.
En paralelo, agrupaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas se movilizaron este martes hacia Tribunales para cuestionar el fallo de la Corte. Las organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/23, al que calificaron de inconstitucional, y sostuvieron que la decisión judicial favorece la política de extranjerización de tierras y recursos impulsada por el Poder Ejecutivo.
El documento difundido durante la protesta fue firmado por las dos CTA, la Mesa de organismos de Derechos Humanos, la Mesa Ecuménica, el Partido Piquetero, Unidad Popular, Barrios de Pie, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la CONADU y la CONADU Histórica. Allí cuestionaron la decisión adoptada el 29 de septiembre por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y advirtieron sobre sus posibles efectos en el territorio, los recursos y las generaciones futuras.