La Corte Suprema declaró inconstitucional el fin del control estatal sobre las cuotas de las prepagas

El fallo dejó sin efecto los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y restituyó a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos.

La Corte Suprema de Justicia declaró este jueves la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las atribuciones del Estado para controlar los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Como consecuencia, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, deberá volver a ejercer las funciones previstas en la Ley 26.682 para revisar, fiscalizar y autorizar los aumentos de los planes. El fallo no establece un tope automático vinculado con la inflación: cada incremento deberá ser evaluado según los criterios de la normativa restablecida.

La causa fue iniciada por María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical. Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, su cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02, lo que representó un aumento del 110%. La afiliada sostuvo que, bajo el régimen anterior, el incremento habría sido del 6,26%.

La decisión tendrá incidencia directa sobre cerca de 500 causas análogas pendientes de resolución y podría ser considerada en otros reclamos iniciados por afiliados en distintos tribunales del país. También alcanza a quienes ya pagaron aumentos y eventualmente pueden reclamar su restitución.

El máximo tribunal consideró que el Poder Ejecutivo solo puede dictar normas de contenido legislativo en condiciones de rigurosa excepcionalidad, cuando el Congreso no puede reunirse o existe una urgencia incompatible con el trámite ordinario de una ley. Según la Corte, los fundamentos del DNU 70/2023 no justificaron de manera suficiente la eliminación de los controles, ya que se limitaron a mencionar una crisis del sistema de salud y la necesidad de liberar las restricciones de precios.

Manuel Luaces, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en derecho a la salud, señaló que la sentencia no fija un límite por inflación ni deroga el decreto para todos los casos, aunque establece un criterio que deberá ser considerado en los procesos en trámite y en los que se inicien. También indicó que quienes cuestionen aumentos deberían reunir facturas y comprobantes de pago desde fines de 2023, presentar reclamos por escrito ante la empresa y la Superintendencia de Servicios de Salud, y consultar sobre la conveniencia de iniciar o continuar una acción judicial.

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