El máximo tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no acreditó una situación excepcional que justificara eliminar los controles estatales sobre los aumentos de la medicina privada.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, que habían eliminado las facultades estatales para revisar y autorizar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. El tribunal dispuso que la autoridad de aplicación vuelva a ejercer las funciones de fiscalización previstas en la ley 26.682.
La decisión se originó en un amparo contra Swiss Medical SA presentado por una afiliada identificada como MB. La mujer, adherida al plan SM02, cuestionó los aumentos aplicados entre diciembre de 2023 y febrero de 2024: la cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02, lo que representó un incremento del 110%. Según sostuvo, bajo el esquema de regulación anterior el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
El reclamo había sido rechazado en primera instancia, pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa resolución, declaró la inconstitucionalidad de los artículos y ordenó limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Swiss Medical y el Estado Nacional apelaron ante la Corte Suprema.
Al analizar el caso, los jueces señalaron que la Constitución solo permite al Poder Ejecutivo dictar decretos de necesidad y urgencia en condiciones de rigurosa excepcionalidad, cuando no sea posible recurrir al trámite legislativo ordinario o exista una urgencia incompatible con sus tiempos. Para el tribunal, las referencias del DNU a una crisis del sistema sanitario y a la necesidad de aumentar la competitividad mediante la liberación de precios no demostraron una urgencia de esa naturaleza.
La Corte también sostuvo que el decreto no explicó la relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la supresión de las facultades estatales para controlar los aumentos. Además, remarcó que la continuidad del procedimiento legislativo previsto para los DNU en la ley 26.122 no impide el control judicial de una norma que ya produce efectos sobre relaciones jurídicas.
El máximo tribunal confirmó parcialmente la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, pero dejó sin efecto el mecanismo que limitaba los aumentos al IPC. Ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento conforme con los criterios fijados en el fallo y aclaró que su decisión se limita a los artículos 267 y 269, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del resto del DNU 70/2023.