La entidad informó el 29 de octubre de 2026 que no podía restituir unos u$s70 millones de encajes legales. El caso también puso bajo presión a fondos previsionales por u$s355 millones.
Ueno Bank fue cerrado de manera definitiva por una falla considerada insalvable en sus niveles de solvencia patrimonial, después de que la entidad notificara al Banco Central del Paraguay (BCP) que no podía restituir cerca de u$s70 millones correspondientes a su encaje legal.
El episodio tuvo impacto en los mercados financieros. En las seis ruedas posteriores, el riesgo país paraguayo pasó de 119 a 138 puntos básicos, una suba de 19 unidades o del 16%. En el mismo período, el dólar avanzó de 5.661 a 6.160 guaraníes, lo que representó una depreciación del 8,8% de la moneda local. El bono soberano paraguayo a diez años, con vencimiento en febrero de 2033, operaba en torno al 6,04% anual.
La crisis también derivó en cambios institucionales. Carlos Carvallo renunció a la presidencia del BCP, presionado por su pasado como directivo del banco intervenido. El presidente Santiago Peña presentó su dimisión mientras avanzaba en el Congreso un juicio político vinculado con su participación accionaria en el holding propietario de Ueno Bank antes de asumir el cargo.
Las autoridades enfrentaron además reclamos de ahorristas en Asunción. El BCP, bajo una conducción interina, anunció los primeros desembolsos para devolver depósitos de hasta 75 salarios mínimos, de acuerdo con la ley de garantías vigente. La Bolsa de Valores de Asunción suspendió la negociación de los bonos de Ueno Bank, que quedaron en terreno de default.
Entre los aspectos investigados figuran créditos por u$s146 millones vinculados al grupo controlador del banco. Rhys Hicks, analista de Global Data, señaló que casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas y sostuvo que el caso planteó interrogantes sobre la gobernanza de los bancos digitales de rápido crecimiento en mercados emergentes.
Ueno Bank concentraba operaciones diarias y ahorros de seis de cada diez adultos de Paraguay. Además, administraba entre u$s800 y u$s850 millones en fondos estatales, incluidos aproximadamente u$s355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS). El Congreso sesionó de urgencia para aprobar leyes destinadas a agilizar el uso del Fondo de Garantía de Depósitos y proteger los ahorros de las cajas jubilatorias, mientras la Asociación de Bancos del Paraguay afirmó que el sistema mantenía su solidez y liquidez y calificó el caso como particular y aislado.