Javier Baños y Sebastián Queijeiro cuestionaron el dictamen del Cuerpo Médico Forense y solicitaron un nuevo examen para el músico, juzgado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz.
Los abogados de Cristian “Pity” Álvarez solicitaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la nulidad y la “ineficacia” de la pericia interdisciplinaria realizada en el Cuerpo Médico Forense (CMF).
Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostuvieron que el análisis habría sido confeccionado sustancialmente antes del intercambio y la deliberación técnica que debían preceder a sus conclusiones. También pidieron la recusación de los peritos oficiales que firmaron el dictamen y un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
De manera subsidiaria, la defensa requirió que declaren los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, además de profesionales médicos y de salud mental que intervinieron durante la internación del artista. El planteo fue presentado en un escrito de 22 páginas.
El informe no advirtió una alteración de las facultades psíquicas, aunque los peritos disidentes afirmaron que el músico “no se encontraba lúcido” al momento del análisis. Hasta que se resuelvan estos planteos, sus abogados pidieron suspender la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 y también reclamaron la nulidad del debate porque transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia.
La defensa solicitó, además, que sean convocados profesionales de Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del CMF.
Álvarez está acusado por la muerte de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrida el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Según la acusación, le disparó cuatro veces, escapó, arrojó el revólver en una alcantarilla y luego fue al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé una pena de ocho a 25 años de prisión.