Las diferencias entre las variables previstas por el Gobierno y la evolución económica pusieron bajo presión al Presupuesto 2026. Al 31 de agosto, la Administración Pública Nacional había utilizado el 67,4% de los créditos disponibles, el registro más elevado desde 2016 y 12,3 puntos porcentuales superior al observado en igual período del año pasado.
El aumento de la ejecución ocurre mientras el Gobierno sostiene una política de reducción del gasto. Una parte de esa tensión se explica por las partidas que se actualizan con la inflación: su peso creció y los recortes sobre los rubros sin mecanismos automáticos de ajuste no alcanzarían para compensarlo, según la evaluación de economistas.
La Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) consideró que el monto global deberá ser elevado antes de que finalice el ejercicio. La entidad señaló dos caminos posibles para hacerlo: una nueva ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia.
ASAP también planteó reparos institucionales ante una eventual ampliación mediante un DNU. Su argumento es que la insuficiencia de los créditos no constituiría un episodio inesperado, debido a que el problema había sido señalado con anticipación. La asociación ya había advertido en febrero que las partidas podían resultar insuficientes para atender los gastos previstos.
Inflación y actividad, lejos de las previsiones
El desajuste presupuestario se vincula con las proyecciones utilizadas para elaborar las cuentas de este año. El Gobierno había contemplado una inflación del 10%, pero ahora se espera que el indicador termine cerca del 30%. Para el PBI había calculado un crecimiento del 5,4%, mientras que los analistas estiman actualmente una expansión del 2,1%.
Esos supuestos presentaban sobre el papel un escenario con erogaciones más bajas y una recaudación mayor. La evolución posterior alteró esa relación: la inflación incrementó las partidas indexadas y el menor crecimiento esperado debilitó las previsiones de ingresos fiscales.
En ese contexto, el Ejecutivo enviará al Congreso el martes 15 de septiembre el proyecto de Presupuesto 2027. Las estimaciones sobre inflación y actividad económica estarán entre los datos centrales de la iniciativa, que corresponderá al año electoral.
Las alternativas frente al agotamiento de los créditos
Ante la posibilidad de que se terminen los fondos disponibles, el Gobierno de Javier Milei impulsa un mecanismo que permitiría cerrar una parte del Estado. La propuesta, vinculada intelectualmente con el ministro Federico Sturzenegger, toma como referencia el shutdown estadounidense, bajo el cual se interrumpen gastos y sólo permanecen operativos determinados servicios con financiamiento ajeno a la ley presupuestaria.
Su aplicación en la Argentina dependería de que se aprobara esa herramienta y de que el Ejecutivo resolviera no ampliar las partidas. Por el momento, economistas creen que las autoridades podrían verse obligadas a reforzar los créditos para evitar que se agoten antes del 31 de diciembre.
La meta fiscal y el tratamiento de los intereses
Algunos analistas también ponen en duda que el Gobierno pueda alcanzar la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional. El objetivo indicativo equivale al 1,4% del PBI y, en términos nominales, exige reunir $16,2 billones. Hasta julio, el resultado acumulado era de $10 billones.
De acuerdo con las necesidades planteadas en el material presupuestario, entre agosto y noviembre deberían obtenerse casi $1,5 billones mensuales de superávit en promedio. Diciembre suele mostrar un resultado deficitario por el pago de aguinaldos, lo que agrega presión sobre los meses previos.
Desde abril de 2024, el Tesoro utiliza letras y bonos capitalizables. Los intereses de esos instrumentos no aparecen contablemente como gasto financiero y, por esa razón, no inciden en el resultado fiscal informado. Al vencimiento, sin embargo, se incorporan a la deuda y vuelven a refinanciarse.