La Resolución General 11/2026 incorpora cambios impulsados por Federico Sturzenegger y permite ampliar actividades, usar domicilios electrónicos e integrar capital con criptoactivos.
La Inspección General de Justicia (IGJ) estableció una serie de modificaciones que simplifican los trámites para constituir empresas y que coinciden con varios puntos del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades enviado por el Poder Ejecutivo al Senado en junio.
La Resolución General 11/2026 habilita que parte de la documentación sea controlada después de la inscripción, elimina el dictamen de precalificación profesional obligatorio para la constitución de sociedades y permite fijar un domicilio electrónico. También autoriza a las empresas a desarrollar distintas actividades lícitas, aunque no tengan relación entre sí.
Florencia Galante, directora de GEM (Global Entity Management) en TMF Group, señaló que la eliminación del dictamen obligatorio reduce costos y tiempos. La especialista también explicó que las sociedades podrán incorporar una o más categorías de actividades sin demostrar conexidad, complementariedad o accesoriedad.
En el caso de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), la resolución vuelve a admitir que el objeto social sea la realización de “cualquier actividad lícita”. Galante destacó además como una novedad la posibilidad de integrar capital mediante criptoactivos. Consultada por Ámbito, sostuvo que la resolución y el proyecto de reforma de la Ley 19.550 comparten el objetivo de reducir el control preventivo del Estado y ampliar la libertad para organizar las sociedades.
El proyecto legislativo permanece en el Senado sin fecha de tratamiento desde hace cuatro meses. Entre sus propuestas figuran la constitución mediante firma digital, el uso de libros y registros digitales, los domicilios electrónicos y las asambleas a distancia. También contempla que las decisiones previstas en el estatuto prevalezcan sobre la ley y los controles de la IGJ.
La iniciativa incorpora, además, las denominadas Sociedades Automatizadas, capaces de operar mediante algoritmos e inteligencia artificial sin intervención humana continua. Asimismo, prevé instrumentos de inversión convertibles, arbitrajes privados y la posibilidad de someter conflictos internos a legislaciones extranjeras.