Eduardo Boiero, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, defendió el sistema de permisos y cuotas y advirtió que las principales especies alcanzaron su máximo nivel de explotación.
La industria pesquera argentina rechazó la posibilidad de abrir licitaciones para la explotación de los recursos marítimos, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El sector sostiene que debe mantenerse el esquema vigente de permisos y cuotas.
Eduardo Boiero, titular de la Cámara Argentina de la Industria Pesquera, afirmó que ese mecanismo no constituye un sistema de privilegios, sino una herramienta para administrar recursos naturales limitados. También diferenció los permisos, que habilitan a operar en el caladero, de las cuotas, que fijan el volumen de especies que puede extraer cada empresa.
Boiero señaló que actualmente no se conceden nuevas licencias porque las principales especies se encuentran en su máximo nivel de explotación. Por esa razón, quienes pretenden ingresar a la actividad deben adquirir una empresa o una embarcación que ya cuente con los permisos correspondientes. Las cuotas tienen una vigencia de 15 años y pueden extenderse hasta 30 en determinados casos de pesca de calamar cuando existe una planta de procesamiento en tierra.
El dirigente advirtió que la participación de empresas extranjeras en licitaciones podría generar una competencia desigual, ya que esos operadores podrían no afrontar las mismas obligaciones laborales ni contar con estructuras equivalentes en materia de embarcaciones y plantas industriales. Además, rechazó comparar la pesca con la actividad naviera y recordó que propuestas similares habían sido discutidas durante el tratamiento de la Ley Federal de Pesca, pero no obtuvieron respaldo por sus posibles efectos sobre las empresas, el empleo y los recursos.
El sistema actual se consolidó con la Ley Federal de Pesca, que estableció el dominio de las provincias sobre los recursos hasta las 12 millas marítimas y creó el Consejo Federal Pesquero. La normativa sustituyó el régimen olímpico por cuotas individuales para evitar la sobreexplotación. El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero determina cada año los límites máximos de captura y, a partir de esos parámetros, se distribuyen los volúmenes entre los titulares de las cuotas.
Boiero sostuvo que, en términos generales, la actividad no extrae más recursos de los que los ecosistemas pueden renovar, aunque reconoció problemas vinculados con el descarte y la captura incidental. También informó que las exportaciones pesqueras se acercaron a los 2.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año y que los productos argentinos llegan a más de 180 mercados. A la vez, advirtió que la rentabilidad está presionada por el aumento de los costos: el combustible subió más de 70% durante el año y la energía para las plantas industriales, entre 80% y 90%.