La presentación reclama entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones por capturas realizadas entre 1989 y 2025. El juzgado aún debe resolver una medida cautelar para frenar las operaciones denunciadas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel E. Borruto, reconoció la competencia de ese juzgado y la legitimación de la Fundación Agustina Lerena para impulsar una demanda contra empresas pesqueras por presunto daño ambiental en el Atlántico Sur. Sin embargo, dispuso que el expediente tramite mediante un proceso ordinario y no bajo la vía del amparo.
El planteo apunta contra una red de compañías que opera con autorización de la administración colonial británica de las Islas Malvinas. Incluye firmas españolas, sociedades mixtas relacionadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente vinculadas con esas actividades, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.
La magistrada consideró que el caso comprende la protección del ecosistema marino y de especies que habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina, incluidas las aguas cercanas a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. También sostuvo que el daño denunciado tiene carácter interjurisdiccional.
El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había recomendado admitir la demanda y hacer lugar a la cautelar solicitada para detener la actividad de las flotas denunciadas en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Según su dictamen, el impacto atribuido a esas operaciones es “profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible”. La Justicia todavía no se pronunció sobre el fondo del reclamo ni sobre esa medida, que será analizada después de incorporar los informes requeridos.
La denuncia fue presentada por César Lerena, especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El escrito sostiene que la explotación se realiza sin autorización argentina al menos desde 1989 y que las capturas registradas hasta 2025 ocasionaron perjuicios ambientales, económicos y sociales. El monto reclamado varía según la valuación aplicada: contempla precios FOB o valores mayoristas, además de intereses, actualización y costas.
La presentación afirma que las especies capturadas también habitan la Zona Económica Exclusiva Argentina y forman parte de un ecosistema y una cadena alimentaria compartidos. Por ese motivo, solicita el cese de las operaciones y la reparación de los daños denunciados. El reclamo invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, las leyes General del Ambiente 25.675 y Federal de Pesca 24.922, la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas e informes técnicos, entre ellos los del INIDEP.