La pesquisa a cargo del juez Marcelo Aguinsky detectó consumos por vuelos privados, vehículos de alta gama y servicios vinculados a una propiedad en Pilar.
La investigación judicial puso bajo análisis el uso discrecional de tarjetas corporativas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio «Chiqui» Tapia y con Pablo Toviggino como tesorero. Entre los consumos relevados aparecen vuelos privados, mantenimiento de vehículos de alta gama y gastos personales asociados a una propiedad en Pilar.
Uno de los puntos examinados es una tarjeta American Express emitida a nombre de Luciano Pantano, que registraba gastos cercanos a los 50 millones de pesos mensuales. Con ese medio de pago se habría abonado, entre otros servicios, la televisión satelital de la residencia de Tapia en el country Los Cardales, cuya prestación fue dada de baja.
Pantano es señalado como presunto testaferro y genera sospechas internas por su pasado en el ascenso y por posibles declaraciones autoincriminatorias en la causa.
La pesquisa también analiza los vínculos del exdiputado Javier Faroni con Toviggino. Faroni está relacionado con la explotación comercial de la «marca Messi» y, según la hipótesis investigada, mediante la firma offshore TourProdEnter se habrían movilizado entre 300 y 400 millones de dólares que no fueron declarados en los balances oficiales de la AFA.
Dentro del esquema bajo análisis aparece Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo que habría sido utilizada para el movimiento de cheques y préstamos a dirigentes, entre ellos Eduardo Spinosa. También se investiga a un grupo integrado por Saracco, Molina, Beacon, Capurro y Paz, que operaría bajo la órbita de Toviggino.
Ante el avance de las causas instruidas por la fiscal Cecilia Incardona, la conducción de la AFA inició una maniobra administrativa para trasladar su domicilio legal a Pilar. El objetivo atribuido a esa decisión es salir de la órbita de la Inspección General de Justicia y buscar amparo jurídico en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires para frenar el control sobre sus irregularidades contables.