El pedido de inscripción había sido iniciado por una mujer el 11 de abril de 2024 y permanecía sin respuesta, en estado “pendiente de evaluación”.
El Juzgado Civil y Comercial Federal N.º 5 hizo lugar a un amparo por mora y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que se expida sobre una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
La presentación administrativa había sido realizada por una mujer el 11 de abril de 2024 a través del sitio oficial del registro. Según consta en el expediente, la solicitante adjuntó la documentación requerida y una prescripción médica, pero el trámite quedó registrado como “pendiente de evaluación” sin una decisión de la autoridad competente.
Ante la falta de respuesta, la mujer recurrió a la Justicia para que el Estado cumpliera con su obligación de resolver. El juez Patricio Maraniello consideró acreditado que habían transcurrido más de dos años desde el inicio del trámite sin una resolución expresa ni una explicación concreta sobre la demora.
El magistrado también señaló que el Ministerio de Salud no había presentado el informe requerido durante el proceso. Aclaró que esa omisión no implicaba tener automáticamente por reconocidos los hechos denunciados, aunque debía ser valorada junto con la documentación aportada y las demás constancias de la causa.
En los fundamentos, Maraniello recordó que el artículo 28 de la Ley 19.549 permite presentar un amparo por mora cuando la Administración deja vencer los plazos legales o demora más allá de lo razonable. Además, citó el deber de resolver las peticiones formuladas y sostuvo que la falta de decisión, una vez vencidos los plazos correspondientes, constituye una conducta irregular de la administración.
La resolución dispuso que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, emita en cinco días hábiles el acto administrativo correspondiente, bajo apercibimiento. El fallo aclaró que la orden no garantiza la inscripción de la mujer en el REPROCANN ni reconoce un derecho automático a obtenerla: únicamente exige que la autoridad competente se pronuncie de manera fundada y conforme a la normativa vigente.