El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dispuso el cumplimiento inmediato de la norma para recomponer salarios y garantizar recursos para las universidades públicas.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó al Gobierno nacional cumplir de inmediato con la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución, firmada por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires. La medida dispone avanzar en la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de garantizar los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
El decreto había supeditado la asignación de fondos a la identificación de partidas específicas dentro del presupuesto general. Según el fallo, esa decisión funcionó como un mecanismo extraconstitucional para eludir la determinación adoptada por el Congreso, por lo que quedó sin efecto.
El magistrado también instó a las autoridades a dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para asegurar el envío de recursos. En los fundamentos, sostuvo que la norma oficial no superaba un test mínimo de razonabilidad y que, tras el rechazo del veto legislativo, el decreto configuró una instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional.
La resolución señaló además que durante 2024 y 2025 no se aprobó una ley de presupuesto y que se prorrogaron los esquemas correspondientes al ejercicio 2023. De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados en el fallo, la aplicación de la ley durante 2025 representa aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
Con la decisión, la administración central deberá girar los fondos adeudados para garantizar el funcionamiento operativo de las universidades públicas de todo el país.