El Ministerio de Justicia de la Nación deberá informar en cinco días hasta cuándo se actualizó el registro oficial y conservar los antecedentes reunidos durante los últimos 15 años.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata ordenó al Gobierno nacional preservar la información existente sobre las tierras rurales de la provincia de Buenos Aires registradas a nombre de extranjeros. La resolución fue dictada por la jueza Güendalina Sessarego a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino.
El tribunal estableció que el Ministerio de Justicia de la Nación deberá informar, dentro de cinco días, hasta qué fecha fueron relevados y actualizados los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales. También dispuso conservar los antecedentes registrales, catastrales y administrativos acumulados durante los últimos 15 años.
La medida apunta a evitar la pérdida, modificación o inaccesibilidad de información que permite reconstruir quiénes adquirieron tierras, dónde están ubicadas y cómo cambió su titularidad. La resolución menciona especialmente zonas con una importante presencia de titulares extranjeros, como Campana y Zárate, y considera que esos datos pueden servir para la planificación futura, el desarrollo sostenible y el debate democrático.
La preocupación surgió tras la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese régimen había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y fijado, entre otras restricciones, un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios.
La cautelar no restablece la Ley 26.737 ni suspende su derogación. Sessarego se declaró incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad contra el artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que esa cuestión corresponde a la Justicia Federal, pero sostuvo que podía proteger de manera urgente la conservación de los registros mientras se define qué tribunal intervendrá en el fondo del conflicto.
La Defensoría había advertido que la desaparición del régimen podía dificultar el seguimiento de la titularidad de las tierras rurales bonaerenses. Lorenzino afirmó: “no podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”. La decisión se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, aunque aclaró que no resolvió la constitucionalidad del DNU.