El PRO reunió 51 votos para designar a la candidata de Jorge Macri y acordó la integración de las vocalías, con dos representantes del peronismo. También avanzó el tratamiento de la Educación Digital Integral.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la designación de Paola Michielotto como presidenta del Ente Regulador de los Servicios Públicos. La exlegisladora fue propuesta por Jorge Macri y obtuvo 51 votos afirmativos, con respaldo del PRO, el PJ, La Libertad Avanza, la UCR y Confianza y Desarrollo; hubo dos abstenciones del FIT.
El recinto también votó la renovación de las cuatro vocalías del organismo, con 50 votos positivos y tres abstenciones: las del FIT y la de Juan Facundo Del Gaiso, de la Coalición Cívica en Vamos por Más. El peronismo incorporó a Eugenio Begué, afín a Juan Grabois, y a Silvina Fazio, del sector de Víctor Santa María. José Pafundi, actual integrante del directorio, ocupará el lugar correspondiente a las asociaciones de consumidores.
La negociación incluyó un conflicto dentro de La Libertad Avanza. Pilar Ramírez había propuesto a Guillermo Comas, exfuncionario de Aerolíneas Argentinas, pero debió retirar su candidatura tras la intervención de Martín y “Lule” Menem. La silla que estaba destinada a Comas será ocupada por Emanuel Alfredo Gomez Melé. En las últimas horas, además, el bloque de Confianza y Desarrollo había reclamado incorporar a Pafundi, pedido que obligó al oficialismo a revisar el acuerdo.
La sesión se reanudó después del cuarto intermedio aprobado la semana anterior y continuó con el temario acordado entre el oficialismo y los principales bloques opositores. Entre los antecedentes de la negociación estuvieron las designaciones del Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta; de María Rosa Muiños en la Defensoría del Pueblo; y de jueces del fuero laboral.
Durante la jornada también se debatió el proyecto de Educación Digital Integral, impulsado por María Bielli, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. La iniciativa propone incluir contenidos sobre ciudadanía digital, inteligencia artificial, redes sociales y protección de datos personales en todos los niveles obligatorios, además de prevenir el grooming, el ciberacoso, la violencia de género digital y la difusión de imágenes sin consentimiento.
El texto contempla pautas para el uso de inteligencia artificial en escuelas públicas y privadas, con fines pedagógicos y bajo criterios de privacidad, transparencia, pertinencia educativa, accesibilidad y protección reforzada de los datos personales. También establece que esas herramientas no podrán reemplazar la intervención docente y que su utilización deberá adecuarse a la edad y al grado de madurez de los estudiantes.