Un relevamiento sobre datos del BCRA registró 5.859.104 personas con pagos atrasados, aunque la mayor parte de la deuda se concentra en una proporción reducida de los deudores.
Un análisis elaborado por Matías Fernández a partir de la base de datos de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró que 5.859.104 personas registraban pagos atrasados a junio de 2026, por un total de $17,79 billones. Ese monto equivale al 15,5% del crédito total del sistema financiero.
La distribución de la mora no es uniforme. El 17% de las personas morosas adeuda menos de $100.000 y casi el 40% mantiene obligaciones inferiores a un salario mínimo. En el extremo opuesto, el 14,5% de los deudores concentra el 73% del dinero en mora. Además, los jóvenes de entre 18 y 25 años presentan la tasa de incumplimiento más elevada.
Los datos actualizados a julio de 2026 confirmaron una continuidad de la situación, con leves alzas en los indicadores que no modifican la conclusión de que no existe una crisis sistémica de endeudamiento. Los bancos públicos y privados concentran cerca del 65% del total de la mora, mientras que las fintechs, los supermercados y los prestamistas no bancarios reúnen a más personas con atrasos, aunque por montos individuales significativamente menores.
Entre las causas mencionadas para el aumento de la morosidad figuran el mayor peso de los servicios públicos en el presupuesto familiar, el rezago de salarios y jubilaciones frente a la inflación, el crecimiento de la ludopatía entre los jóvenes, el uso de tarjetas para financiar emprendimientos, la desaceleración de la inflación y la insuficiente educación financiera. Por eso, no resulta equivalente una deuda de consumo de bajo monto, una tarjeta utilizada para un pequeño emprendimiento o un crédito bancario de gran magnitud.
La resolución de los incumplimientos debería construirse, en la mayoría de los casos, mediante acuerdos entre acreedores y deudores adaptados a cada préstamo. Entre las herramientas posibles aparecen la refinanciación a plazos más largos, la reducción de tasas, las quitas parciales, la condonación de intereses punitorios y el reconocimiento contable de pérdidas cuando corresponda.
También se plantean políticas públicas que no alteren los contratos, como una reducción de las tasas de interés asociada a una menor inflación, la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos aplicado a los intereses de los préstamos, una mayor transparencia sobre el costo financiero y medidas más eficaces contra el juego ilegal en redes sociales. La heterogeneidad del endeudamiento, sostiene el análisis, impide encontrar una solución única o mágica.