Demandas millonarias, restricciones al acceso periodístico y presiones políticas y económicas ponen bajo discusión la independencia de los medios y el alcance de la libertad de prensa.
En diciembre de 1940, Franklin D. Roosevelt definió a Estados Unidos como “el arsenal de la democracia”. Más de ocho décadas después, el periodismo independiente enfrenta en ese país una combinación de amenazas económicas, tecnológicas, legales y políticas que plantea dudas sobre la defensa de una prensa libre.
La segunda administración de Donald Trump impulsó demandas contra organizaciones de noticias, citaciones judiciales para perseguir fuentes y una campaña pública contra periodistas y editores críticos. El material señala que se trata de un uso excepcionalmente intenso del poder ejecutivo, mientras los tribunales continúan actuando como la principal barrera institucional, aunque persisten interrogantes sobre la posición que podría adoptar la Corte Suprema.
La protección constitucional de la prensa se apoya, entre otros antecedentes, en los fallos New York Times Co. v. Sullivan, de 1964, y New York Times Co. v. United States, de 1971. El primero estableció un estándar elevado para que los funcionarios públicos puedan obtener una condena por difamación; el segundo limitó la posibilidad del Gobierno de impedir anticipadamente la publicación de información clasificada, como ocurrió en el caso de los Papeles del Pentágono.
En los últimos años, Walt Disney acordó pagar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump y un millón de dólares en honorarios legales para cerrar una demanda contra ABC News. En 2025, Paramount pactó el pago de 16 millones de dólares a la biblioteca presidencial para resolver una disputa vinculada con la edición de una entrevista emitida por CBS. El material presenta ambos acuerdos como ejemplos de cómo los intereses corporativos pueden imponerse sobre la defensa judicial de la libertad de prensa.
Otros medios optaron por no llegar a acuerdos. The New York Times, The Wall Street Journal y la BBC enfrentan demandas millonarias, mientras que el primero inició una acción contra el Pentágono por restricciones al acceso de periodistas. La BBC, en tanto, impugna una demanda de 10.000 millones de dólares relacionada con un documental sobre los disturbios del 6 de enero, cuyo tratamiento judicial está previsto para el año próximo en Florida.
El deterioro de la confianza pública en los medios, potenciado por algoritmos que privilegian la interacción, el conflicto y la indignación, agrava el escenario. La advertencia central del material es que un retroceso de Estados Unidos en la defensa de la prensa libre podría alentar abusos en otros países y extender sus consecuencias más allá de Washington.