La Ley 15.679 también impide los cortes de electricidad, agua y cloacas durante el período de emergencia. El plazo podrá extenderse si persisten las causas que dieron origen a la medida.
El Gobierno bonaerense promulgó la Ley 15.679, que establece por tres años la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio provincial. La norma fue publicada este martes en el Boletín Oficial y el plazo se computa desde su sanción, el 20 de octubre.
Mientras rija la emergencia, quedarán suspendidas las acciones judiciales, los trámites y las diligencias destinados a ordenar o ejecutar desalojos de empresas recuperadas, sin importar el estado en que se encuentren. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar el período si las causas que justifican la medida continúan vigentes.
La ley también prohíbe la interrupción de los servicios provinciales de energía eléctrica, agua potable y cloacas. Las distribuidoras deberán ofrecer planes de pago para cancelar las deudas acumuladas durante la emergencia, de acuerdo con las pautas que establezcan el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y la Autoridad del Agua (ADA).
El régimen comprende a las cooperativas de trabajo, o a las entidades en proceso de constitución, administradas por trabajadores provenientes de empresas que quebraron, cerraron, fueron abandonadas por sus dueños, vaciadas o desmanteladas, entre otras situaciones. Para acceder a los beneficios, deberán figurar en el Registro Provincial de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.
La norma declara de interés provincial la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores como posibles continuadores de la explotación de firmas en crisis o quiebra. Según los fundamentos del proyecto, en la provincia funcionan cerca de 200 unidades productivas recuperadas, que reúnen alrededor de 5.000 puestos de trabajo cooperativos y registrados.
La iniciativa fue impulsada por la senadora de Fuerza Patria Malena Galmarini y contó con las firmas de Valeria Arata, Mónica Macha, María Rosa Martínez y Sabrina Bastida. El proyecto surgió del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y fue elaborado junto con las cooperativas. El Senado le dio media sanción el 6 de octubre y la Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 20 de octubre. La medida prolonga la emergencia establecida por la Ley 15.485, promulgada en abril de 2024 por 18 meses y luego prorrogada por decreto.