No existe un marco nacional unificado para el juego presencial y online: cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece sus propias licencias, requisitos y controles.
La regulación de los casinos y del juego online en Argentina continúa bajo competencia provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El país no cuenta con una ley nacional que organice de manera uniforme el sector, por lo que el sistema está compuesto por 24 entes reguladores distintos.
Cada jurisdicción puede autorizar o prohibir el juego virtual, determinar la cantidad de licencias, fijar requisitos técnicos, financieros y legales, y supervisar el cumplimiento tributario y de las normas de juego responsable. El resultado es un mapa heterogéneo: algunas provincias tienen regulaciones actualizadas, mientras que otras mantienen vacíos legales o normas incompletas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires concentran el mayor mercado de juego presencial y online y fueron pioneras en la regulación de la actividad. Sus esquemas contemplan controles digitales, prevención del lavado de dinero, protección de datos personales y políticas de práctica responsable. Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos también avanzaron con reglas específicas, en general con licencias limitadas y exigencias de transparencia financiera. Misiones y Chaco, por su parte, impulsaron regulaciones para el juego online con el objetivo de enfrentar plataformas ilegales.
Entre los elementos comunes aparecen las licencias locales y limitadas, la garantía de pago de premios, la protección de la información personal y financiera, y herramientas como la autoexclusión y los límites de tiempo. Sin embargo, el nivel de exigencia y la capacidad de fiscalización varían según cada provincia, al igual que la recaudación y el control del cumplimiento normativo.
La fragmentación genera dificultades para los operadores que buscan expandirse, debido a la necesidad de adaptarse a distintos requisitos técnicos, normativas y esquemas impositivos. Para los usuarios, apostar en plataformas sin licencia en su jurisdicción implica quedar fuera de los mecanismos de protección legal, perder garantías sobre los premios y enfrentar riesgos vinculados con la seguridad de los datos. Además, la falta de coordinación favorece la proliferación de sitios ilegales y genera tensiones entre la Nación y las provincias por la recaudación y el control de una actividad digital que trasciende los límites provinciales.
En 2026 todavía no se alcanzó un consenso político amplio sobre acuerdos interprovinciales para armonizar criterios mínimos. El desafío planteado es avanzar hacia algún grado de coordinación o estándares comunes sin afectar la autonomía de las provincias.