El concepto abarca la autonomía sobre infraestructuras, software y algoritmos, en un escenario marcado por la concentración tecnológica y la dependencia de actores extranjeros.
La soberanía digital se define como la capacidad de un Estado, una organización o una persona de controlar de manera autónoma sus datos, infraestructuras de comunicación, software, algoritmos y decisiones tecnológicas. El concepto incluye la soberanía de datos, de la infraestructura tecnológica, del software y de los sistemas algorítmicos y de inteligencia artificial.
Latinoamérica enfrenta una asimetría estructural frente a los centros tecnológicos globales y el denominado «extractivismo de datos». A nivel internacional, distintos gobiernos aplican subsidios para fabricar semiconductores, construir centros de datos locales y asegurar redes de telecomunicaciones sin componentes vulnerables.
Tras su reelección como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva intensificó su discurso sobre la soberanía digital. Sus posiciones incluyen denuncias de injerencia extranjera y de las plataformas, una promesa de regulación urgente y el desarrollo de infraestructura y tecnología nacional. También propone marcos de gobernanza global para las tecnologías y la inteligencia artificial que protejan a los países en desarrollo de la dependencia tecnológica.
El papa León XIV aborda estos temas en la Carta Encíclica Magnifica Humanitas, aunque no utiliza expresamente el término «soberanía digital». El documento sostiene que la técnica y los algoritmos reflejan intereses económicos y políticos, advierte sobre la concentración del poder digital en pocas corporaciones y reclama regulaciones estrictas, normas compartidas e instituciones independientes de supervisión.
En Argentina, el presidente Javier Milei no defiende ni promueve la soberanía digital entendida como control público de los datos, la infraestructura tecnológica local y el uso de plataformas reguladas. Su administración prioriza la desregulación y la migración de la infraestructura digital estatal hacia grandes proveedores multinacionales, una orientación que sus críticos consideran generadora de mayor dependencia tecnológica y que el Gobierno presenta como más eficiente y de menor costo fiscal.
La economista argentina Cecilia Rikap sostuvo que la dependencia estatal de determinadas tecnologías puede impedir que un servicio sea abandonado, porque hacerlo equivaldría a «apagar la luz de un hospital». Para Rikap, discutir la soberanía digital implica definir qué democracia se quiere, qué tecnologías se desarrollan, cómo se auditan los algoritmos y qué datos se protegen, además de garantizar alternativas de consumo y socialización más allá de las pantallas.