La movilización será el jueves 15 de octubre y reclamará la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución permanece suspendida por el Gobierno.
La Universidad de Buenos Aires llamó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo jueves 15 de octubre a las 16 en la Plaza del Congreso. La protesta tendrá como ejes el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública y no arancelada.
Las columnas de la UBA comenzarán a concentrarse a las 13.30 en la intersección de Avenida Córdoba y Uriburu. Está prevista la participación de decanos, autoridades, estudiantes, docentes y personal nodocente de las facultades y centros de salud.
Con el lema “Códigos, reglas, leyes. Se cumplen”, la institución difundió producciones audiovisuales en sus plataformas digitales para reunir adhesiones. El reclamo apunta a que el Poder Ejecutivo aplique la Ley 27.795, sancionada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación en 2025.
El sector académico sostiene que la falta de una partida presupuestaria afecta la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la atención sanitaria. La normativa había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y luego vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 647/25. Tras la ratificación legislativa, el Gobierno la promulgó a través del Decreto 759/25, aunque suspendió su ejecución por considerar que no contaba con financiamiento específico en el Presupuesto Nacional.
La suspensión originó un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades. En ese expediente, el juez Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordenó cumplir de inmediato los artículos referidos a la actualización de los salarios docentes y al pago de las becas estudiantiles. La decisión fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y luego ratificada por la Corte Suprema. El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/25; aunque el Gobierno apeló y el recurso fue concedido el 9 de octubre, la Justicia estableció que la cautelar sobre la actualización de las partidas presupuestarias continúa vigente.