La Unión Industrial Argentina (UIA) elevó ante la Subsecretaría PyME de la Nación un paquete de pedidos orientado a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta reúne medidas tributarias, financieras y vinculadas al costo de la energía, en un contexto que la entidad caracterizó por la falta de recuperación productiva, la caída del empleo y una suba de los costos operativos que afecta la competitividad de los bienes nacionales.
El planteo fue definido luego de la reunión mensual de la Junta Directiva de la entidad fabril. Entre las solicitudes centrales figura la suspensión de embargos por 180 días y una reducción de la tasa de financiación aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes. También requirió habilitar el pasaje entre planes de pago, diferir el IVA por 180 días para actividades estacionales y postergar contribuciones patronales en las economías regionales.
Presión impositiva y acceso al financiamiento
La UIA ubicó la cuestión tributaria entre los principales factores que condicionan a la producción local. Según expuso, la presión fiscal formal en la Argentina es del 56%, un registro que calificó como “récord en el mundo”. La organización sostuvo que la industria elabora bienes transables y, por esa razón, debe afrontar una carga impositiva comparable con la de los productos provenientes de países donde esa presión es menor.
La central empresaria también cuestionó el encarecimiento del crédito. Señaló que IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas locales incorporan un 18% al costo financiero de las compañías. De acuerdo con su presentación, una Tasa Nominal Anual de referencia del 35% pasa a un Costo Financiero Total promedio del 41,4% como resultado de esa combinación de tributos provinciales y municipales.
En ese mismo diagnóstico, la UIA advirtió sobre los encajes bancarios aplicados a depósitos a la vista, situados en el 45%. La entidad contrastó ese nivel con el 21% registrado en Brasil y el 9% de Chile, y vinculó esa situación con un crédito bancario limitado al 12% del PBI argentino. Para el sector fabril, esas condiciones reducen las posibilidades de financiamiento de las empresas.
La energía, otro frente de preocupación
El costo eléctrico apareció como otro de los ejes del reclamo. La UIA indicó que los establecimientos encuadrados como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) tuvieron incrementos de entre el 90% y el 100% en el costo básico. Según la entidad, ese salto duplicó el importe de las facturas del mes anterior y llevó los valores a casi triplicar lo liquidado hace dos meses.
Frente a ese escenario, la organización propuso que el Poder Ejecutivo nacional instrumente cuotas y prorratee los vencimientos energéticos. Como antecedente, mencionó los esquemas de financiamiento vigentes en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para atenuar cargos correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista.
La solicitud presentada por la UIA ya se encuentra bajo análisis de la cartera económica nacional, mientras la entidad insiste en que el alivio sobre impuestos, financiamiento y energía resulta necesario para preservar la actividad de las pymes.