Ley Malvinas: el Gobierno busca aprobar nuevas sanciones antes del fallo del Tribunal del Mar

La Cámara de Diputados tendrá una sesión especial el 18 de noviembre, antes del pronunciamiento previsto para el 28 de noviembre sobre la explotación hidrocarburífera en las islas.

El Poder Ejecutivo acelera las gestiones legislativas para aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La sesión especial de la Cámara de Diputados fue convocada para el 18 de noviembre a partir de las 12, a pedido del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. El proyecto busca ampliar las herramientas del Estado para sancionar a empresas extranjeras vinculadas con operaciones petroleras en la zona disputada, entre ellas el proyecto Sea Lion.

El nuevo régimen contempla multas calculadas en barriles de petróleo, restricciones comerciales y medidas para desalentar actividades no autorizadas en los espacios marítimos australes. La normativa vigente desde 2011 y 2013 ya establece inhabilitaciones y prohibiciones para operar con el Estado argentino.

Ante las objeciones de la oposición y de bloques aliados a los capítulos electorales y penales relacionados con la injerencia extranjera, el oficialismo evalúa votar el proyecto por partes. El objetivo es separar los puntos cuestionados y reunir los apoyos necesarios para aprobar de manera independiente el esquema sancionatorio.

El texto también mantiene disposiciones controvertidas, como el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. A pedido de bloques aliados, el Consejo de Seguridad Nacional incorporaría como miembros no permanentes a los presidentes de la Cámara de Diputados y provisional del Senado, y a gobernadores.

La Argentina pidió ante el tribunal con sede en Hamburgo medidas provisionales urgentes para frenar perforaciones impulsadas por firmas privadas. El Gobierno busca que la aprobación de la ley refuerce los expedientes administrativos abiertos en la Cancillería contra empresas y personas jurídicas vinculadas con la explotación inconsulta de recursos naturales en el Atlántico Sur.

En la misma sesión, Diputados podría tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa establece que el Senado tendrá la potestad exclusiva de aprobar la designación y remoción de los directores, quienes tendrán mandatos de seis años, con posibilidad de una reelección. También propone limitar el objetivo del organismo a preservar el valor de la moneda, eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y permitir el uso de activos y reservas como garantía en operaciones propias.

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