La Libertad Avanza reunió 60 firmas en comisiones con respaldo del PRO y parte de Provincias Unidas. El proyecto podría debatirse en el recinto el 12 o el 18 de noviembre.
La Libertad Avanza consiguió el dictamen favorable para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El texto, sin embargo, seguirá sujeto a negociaciones y podría incorporar nuevos cambios antes de llegar al recinto.
El oficialismo aceptó modificar la iniciativa luego de las presiones de Estados Unidos y de los reparos planteados por bloques aliados. Entre los cambios ya incorporados figuran el alivio de sanciones para empresas, modificaciones en los postulados del Consejo de Seguridad Nacional y ajustes en los delitos de injerencia extranjera.
El despacho de mayoría reunió 60 firmas, con el apoyo del PRO y de una parte de Provincias Unidas. Los aliados vinculados con gobernadores y bloques pequeños acompañaron en disidencia y reclamaron compromisos sobre artículos específicos. La bancada oficialista espera que el proyecto sea tratado dentro de las próximas tres semanas, con el 12 y el 18 de noviembre como fechas tentativas. El debate quedaría después de la visita del papa León XIV a la Argentina.
También se presentaron dictámenes en minoría. Lourdes Arrieta elevó uno, mientras que Esteban Paulón lo hizo junto con los diputados cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge. Unión por la Patria presentó su propio despacho, al igual que el Frente de Izquierda, con la firma de Myriam Bregman. La bancada misionera impulsó el último dictamen minoritario.
Como parte de los acuerdos alcanzados en comisión, La Libertad Avanza aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional. El cuerpo tendrá ocho integrantes, cuatro de Diputados y cuatro de Senadores, y podrá requerir informes al nuevo organismo.
El proyecto enviado por Javier Milei busca modificar la ley 26.659 para endurecer sanciones y penas contra compañías vinculadas con operaciones no autorizadas y extender el régimen a actividades en las islas que afecten recursos naturales. Además, propone crear el Consejo de Seguridad Nacional, establecer una política obligatoria para todo el Estado y otorgarle herramientas económicas y diplomáticas frente a actores que amenacen la seguridad nacional.