El proyecto será tratado este miércoles desde las 12 en una sesión especial. El oficialismo tendría los votos para aprobarlo en general, pero no están asegurados los 129 apoyos necesarios para sancionar un apartado clave.
La Cámara de Diputados de la Nación debatirá este miércoles, desde las 12, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, en una sesión especial atravesada por negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
El punto de mayor resistencia es el Capítulo 7, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”. La iniciativa modifica los códigos Electoral y Penal e incorpora sanciones para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas en el país.
El apartado también contempla nuevas figuras vinculadas con la injerencia extranjera, la colaboración con operaciones clandestinas y la entrega de información reservada a servicios de inteligencia externos. Por tratarse de cambios en materia electoral, requiere 129 votos afirmativos, una mayoría que no está garantizada. Ante ese escenario, no se descarta que el Gobierno retire el capítulo para asegurar la aprobación del resto del proyecto.
El dictamen mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directivos y proveedores de empresas que exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. La sanción excluye a accionistas minoritarios y fondos indirectos, mientras que las multas económicas quedaron fijadas entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo.
La propuesta también crea un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el primer mandatario e integrado por ministros del área y autoridades de inteligencia. El organismo podría adoptar medidas excepcionales ante amenazas graves y sería auditado por una Comisión Bicameral de Seguimiento; el Poder Ejecutivo debería informar sus actuaciones en un plazo máximo de 48 horas.
El oficialismo prevé contar con el respaldo general de bloques aliados como el PRO y la UCR. El temario de la jornada incluye además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires sobre delitos de menores e integridad sexual, y el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la AELC y el MERCOSUR, junto con enmiendas al Protocolo de Montevideo.