Jonathan y Emmanuel Kovalivker presentaron descargos escritos, se negaron a responder preguntas y cuestionaron las pruebas, las imputaciones y las restricciones patrimoniales dictadas en su contra.
Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, respectivamente, rechazaron las imputaciones por asociación ilícita, defraudación al Estado y negociaciones incompatibles en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Durante las indagatorias no respondieron preguntas, pero entregaron extensos escritos de descargo.
La acusación fiscal sostiene que la droguería tuvo un papel determinante en las compras de medicamentos e insumos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Según el dictamen de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Suizo Argentina habría recibido información anticipada, intervenido en la definición de precios e influido en adjudicaciones y proveedores. La investigación atribuye a la empresa operaciones por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025, además de sobreprecios y acuerdos para simular competencia.
Los hermanos sostuvieron que la fiscalía intenta atribuirles responsabilidad penal por los cargos que ocupaban en la compañía, sin precisar conductas personales vinculadas con las maniobras. Jonathan negó haber integrado o dirigido una asociación ilícita y haber participado en defraudaciones contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles. Su defensa afirmó que no existen órdenes, firmas, comunicaciones o reuniones suyas relacionadas con las operaciones investigadas y cuestionó que se lo responsabilice por ser presidente de la empresa.
En su presentación, Jonathan también señaló que los negocios de Suizo Argentina con la ANDIS representaron el 2,14% de las ventas totales en 2023, el 4,22% en 2024 y el 3,14% entre enero y octubre de 2025. Además, destacó que la firma tiene más de 100 años de trayectoria, cerca de 2.000 empleados, centros de distribución en distintas provincias y un Programa de Integridad vigente desde 2018, adecuado a la Ley 27.401. Su defensa pidió la nulidad del dictamen de Picardi y de la resolución del 21 de agosto de 2025, que habilitó allanamientos, requisas de dispositivos y levantamientos de secretos bancarios y fiscales. También reclamó dejar sin efecto la inhibición general de bienes.
Emmanuel Kovalivker, quien fue vicepresidente de la firma hasta su desvinculación en noviembre de 2025, sostuvo que no intervino en las operaciones comerciales con la ANDIS ni en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a clientes privados u operaciones con organismos públicos. Explicó que sus funciones estuvieron vinculadas con procesos productivos, logística, automatización y mejoras tecnológicas en establecimientos de Tucumán, Junín, Ramos Mejía y Villa Lugano.
El empresario cuestionó además el uso de conversaciones de su teléfono como elemento de cargo. Según su descargo, los mensajes corresponden a julio-diciembre de 2023, antes del período investigado, y estaban relacionados con un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios que no prosperó. También negó que el intercambio con Pablo Atchabahian, exfuncionario de la ANDIS, acreditara una intervención en las compras del organismo. Ambos planteos buscan discutir la existencia de una participación personal de los hermanos en la operatoria que la fiscalía atribuye a la conducción de Suizo Argentina.