El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay rechazó la mayor parte del reclamo presentado por la actriz por una campaña iniciada en 1994.
La Justicia de Uruguay resolvió que Luisana Lopilato deberá recibir 4.000 dólares, más los intereses legales, por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó cuando tenía 7 años. El fallo redujo de manera considerable el monto reclamado por la actriz argentina.
El conflicto se originó en 1994, cuando Lopilato participó de un comercial para Punta Systems, una empresa de seguridad de Maldonado. En el aviso, una niña le contaba a su osito que se irían al cine y que la vivienda quedaría protegida por el sistema de alarmas. Según sostuvo la actriz, su imagen también fue utilizada en camionetas, folletos y cartelería.
En febrero de 2006, Eduardo Lopilato intimó a la compañía para que dejara de emplear la imagen de su hija. Punta Systems retiró los materiales gráficos y llevó adelante una campaña para reemplazarlos. El litigio continuó y, en 2009, la empresa fue adquirida por la multinacional española Prosegur, que también quedó incluida en el reclamo. La demanda fue iniciada formalmente en 2013.
Lopilato había reclamado 25.000 dólares por daño moral, 50.000 dólares por lucro cesante y el 15% de los beneficios económicos obtenidos por las empresas durante el período de utilización de su imagen. El monto total solicitado superó los dos millones de dólares.
El tribunal consideró que los padres habían autorizado por escrito la participación en la publicidad y centró el análisis en la duración y el alcance de ese permiso. Aunque no se presentó el contrato original, entendió que razonablemente había regido durante un año, entre 1994 y 1995, y que la imagen fue utilizada hasta 2006. Para establecer la compensación, tomó como referencia los 400 dólares que Eduardo Lopilato declaró que habían sido acordados por el trabajo, y fijó un lucro cesante de 4.000 dólares.
Los jueces rechazaron la indemnización por daño moral y el porcentaje sobre las ganancias porque no se acreditó un perjuicio personal o profesional ni una relación entre la publicidad y los beneficios de las empresas. También aceptaron la prescripción extintiva planteada por Prosegur. Por eso, la condena quedó a cargo exclusivamente de Nautiland S.A., razón social de Punta Systems.