El ministro cuestionó el requisito de “riesgo cierto e inminente” para las internaciones involuntarias. El proyecto oficial obtuvo dictamen en el Senado y aguarda su tratamiento en el recinto.
Mario Lugones volvió a plantear la necesidad de modificar la Ley 26.657 después de que se conocieran imágenes de una agresión ocurrida en una forrajería del partido bonaerense de San Martín. En el video, un hombre toma del pelo a una mujer y un vecino interviene para detener el ataque.
El episodio sucedió minutos después de las 17, en un comercio situado en la esquina de Violetas y Margaritas. La mujer intentó salir del lugar mientras pedía ayuda y solicitaba que llamaran a la Policía. Poco después, un familiar del agresor ingresó al local y se lo llevó.
El ministro sostuvo en su cuenta de X, en una publicación del 27 de octubre de 2026, que el sistema no brinda respuestas suficientes a las familias ni herramientas adecuadas a los profesionales para actuar ante situaciones de riesgo. En ese marco, cuestionó que la normativa exija acreditar un “riesgo cierto e inminente” para disponer una internación involuntaria.
La propuesta oficial plantea que, además de la situación inmediata, los equipos de salud puedan considerar los antecedentes y la evolución de cada caso. El proyecto original propone utilizar como criterio una “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con la intención de permitir intervenciones más tempranas.
La iniciativa ingresó al Senado en abril y consiguió dictamen a mediados de octubre en las comisiones de Salud y Legislación General. El texto contempla internaciones involuntarias ante riesgos graves, incluye las adicciones —entre ellas, la ludopatía—, prevé asistencia financiera entre la Nación y las provincias y mantiene la prohibición de crear manicomios.
La información difundida junto con las imágenes señaló que el hombre tendría problemas de salud mental y que su familia tendría dificultades para contenerlo. No existen, sin embargo, datos que confirmen un diagnóstico ni antecedentes de atención o intervenciones previas. El episodio no permite establecer por sí mismo que una reforma legal hubiera evitado la agresión.