Distintos programas de Capital Humano incorporan mecanismos que permiten a beneficiarios y familias elegir capacitaciones, actividades o alternativas educativas.
Varias políticas públicas comenzaron a incorporar una lógica centrada en la capacidad de decisión de quienes reciben recursos del Estado. El cambio se observa en programas de capacitación laboral, asistencia social, actividades para niños y adolescentes y propuestas vinculadas con la educación.
El reemplazo de Potenciar Trabajo derivó en dos esquemas según las características de sus beneficiarios: uno orientado a la inserción laboral y otro al acompañamiento social. Dentro de Volver al Trabajo, la prestación se entregaba de manera directa y permitía optar entre distintas alternativas de capacitación y formación laboral. Tras la finalización de ese programa, en abril de 2026, Formando Capital Humano mantuvo esa orientación mediante vouchers destinados a elegir capacitaciones.
Los Centros de Familia aplican un mecanismo similar. A través de una tarjeta personalizada, niños y adolescentes pueden utilizar un voucher en establecimientos adheridos para acceder a actividades deportivas, culturales, artísticas o educativas. Aunque se trata de políticas diferentes, ambas reducen intermediaciones y amplían el margen de decisión de los beneficiarios.
En el ámbito educativo, el Programa Vouchers Educativos consiste en una prestación temporaria y focalizada para familias cuyos hijos concurren a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal. No establece portabilidad del financiamiento ni constituye un sistema de vouchers en sentido clásico, pero dirige el recurso hacia la familia para ayudarla a sostener una elección educativa ya realizada.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone ampliar esa concepción. Reconoce el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos, otorga mayor autonomía a las escuelas y habilita instrumentos de financiamiento centrados en el estudiante, como vales, bonos, becas o créditos fiscales. El texto mantiene el financiamiento de las escuelas estatales y los aportes a instituciones privadas, además de las funciones estatales de regulación, evaluación y garantía del derecho a la educación.
La iniciativa también vincula la posibilidad de elegir con la existencia de alternativas institucionales. Por eso combina contenidos mínimos comunes y supervisión estatal con mayor libertad pedagógica y espacio para proyectos escolares diferentes. En conjunto, estas políticas expresan una orientación que busca que las personas y las familias tengan una participación más relevante en el uso de los recursos públicos.