Mientras orienta su estrategia electoral hacia una confrontación pública con el kirchnerismo, Javier Milei enfrenta un debate menos visible dentro del Gobierno. Funcionarios y dirigentes que respaldan el rumbo económico comenzaron a preguntarse si los resultados del programa llegarán a consolidarse antes de octubre de 2027.
La inquietud no se expresa como una impugnación abierta al modelo. Proviene, en cambio, de sectores oficialistas que reconocen avances como el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, el superávit comercial y el debilitamiento de la capacidad de presión de sindicatos y movimientos sociales, pero advierten dificultades persistentes en los ingresos, los salarios y la actividad.
El asunto apareció nuevamente durante la reunión de gabinete del lunes. Patricia Bullrich mencionó que algunos sectores continúan económicamente golpeados. La senadora suele acompañar ese diagnóstico con la idea de que todavía existe margen para corregir el rumbo, bajo el recuerdo de las primarias de agosto de 2019 y del impacto político y financiero que siguió a aquella derrota del gobierno de Mauricio Macri.
Milei no le respondió de manera directa ni la nombró. Sin embargo, dedicó buena parte del encuentro a cuestionar los diagnósticos económicos que considera equivocados. Ningún otro integrante del gabinete formuló objeciones, aunque dentro del espacio libertario persiste la preocupación por la decisión presidencial de completar el ajuste aun durante la campaña.
Sin cambios en la política económica
La posición del Presidente coincide con la de Luis Caputo. Ante una consulta reciente sobre la posibilidad de interrumpir o moderar la reducción de subsidios, el ministro de Economía ratificó la línea oficial: el Gobierno prefiere tolerar una menor actividad antes que flexibilizar la política monetaria y aceptar una baja más lenta de la inflación.
Ese criterio enfrenta señales adversas. Los datos oficiales del segundo trimestre, cuya publicación estaba prevista para la semana próxima, volvieron a mostrar una caída, según el material. A ese cuadro se sumaron los retrocesos de la industria y la construcción durante julio, ya dentro del tercer trimestre.
En el Palacio de Hacienda atribuyen esos movimientos a factores técnicos y estacionales. Para la construcción, señalan lluvias infrecuentes que habrían frenado los trabajos. En la industria, sostienen que la reducción de subsidios tarifarios y el aumento del petróleo y el gas elevaron los costos frente a 2025 y llevaron a distintas empresas a detener plantas durante esos días.
Más allá de esas explicaciones, algunas compañías consideraron que producir no era rentable. La situación alimentó el conflicto entre Caputo y la Unión Industrial Argentina, luego de los cuestionamientos formulados durante la celebración del Día de la Industria en la planta de Elea. El ministro postergó una reunión con la conducción de la entidad y, aunque en Economía aseguran que buscan una nueva fecha, anticipan una agenda cargada en octubre.
Milei sostiene que esas tensiones no modificarán el programa por razones electorales. Dentro del oficialismo, algunos temen que un futuro gobierno reciba una economía con cuentas equilibradas, tarifas vinculadas con los costos y menor capacidad de movilización social, y utilice esas condiciones para desplegar una política populista. El Presidente, por su parte, resume la continuidad de su postura con una frase dirigida a quienes no quieran acompañarla: “Volvemos al sector privado”.
Repliegue táctico fuera de la economía
La rigidez económica convive con una mayor disposición a administrar los tiempos en otras áreas. La mesa política comenzó a evaluar que algunos proyectos de Federico Sturzenegger sean demorados, divididos en distintas resoluciones o aplicados por etapas para reducir la confrontación.
Entre las iniciativas mencionadas aparecen la venta libre en farmacias y la libertad educativa. Sturzenegger también fue convocado después del fracaso de la reforma del régimen de los prácticos. En esa reunión, Diego Santilli planteó el reclamo de varios gobernadores por una ley de cabotaje fluvial destinada a reducir costos internos, una propuesta que generó reparos en la industria naval.
El ministro aceptó discutir el planteo, aunque advirtió sobre la necesidad de que todo el oficialismo sostenga en conjunto las consecuencias políticas. Así, mientras el Gobierno considera graduar algunas reformas regulatorias, Milei mantiene sin concesiones el núcleo económico y enfrenta el desafío de convencer a los propios de que los tiempos del ajuste también pueden ser compatibles con su objetivo electoral.