El Congreso nacional concentra la atención de cámaras empresarias vinculadas con la minería, la energía y la producción agroindustrial. Distintas iniciativas legislativas prometen establecer nuevas reglas para atraer inversiones, aunque atraviesan etapas dispares y todavía dependen del avance parlamentario.
Entre los proyectos con mayor impulso aparece la incorporación de las tierras raras al Código de Minería, que obtuvo dictamen en Diputados. El debate avanzó luego de un mes de tratamiento y reunió respaldos de legisladores de La Libertad Avanza, aliados radicales y representantes de fuerzas provinciales.
Tierras raras y seguridad jurídica
Las tierras raras comprenden 17 minerales del grupo de los lantánidos, empleados en imanes de alta potencia, baterías, dispositivos LED, lentes y distintos procesos industriales. Su exploración aún no alcanzó un desarrollo extendido en la Argentina, pero el Servicio Geológico Minero Argentino identificó 190.395 toneladas de recursos, principalmente en Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero.
La propuesta impulsada por Silvana Giudici busca terminar con la ambigüedad jurídica que rodea a esos minerales y sumarlos al mismo marco aplicable a otros materiales. También plantea incorporar la actividad al RIGI hasta julio de 2027, cuando vence el régimen.
El peronismo presentó una alternativa que también propone incluir las tierras raras en el Código de Minería, aunque las deja fuera del RIGI. Esa iniciativa pretende declarar de interés nacional la extracción y diseñar una estrategia federal sobre materias primas que, por su estatus constitucional, pertenecen a las provincias.
Durante la discusión en Diputados, Leonardo Rodríguez, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, reclamó un marco jurídico “estable, competitivo y previsible”. Juan Biset, integrante del equipo minero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, sostuvo que existen proyectos considerados de clase mundial y advirtió que las normas capaces de elevar los costos pueden desalentar el desarrollo de áreas mineras.
Un marco para el mercado de carbono
Otro expediente seguido por el sector privado es el régimen destinado a institucionalizar la medición y el seguimiento del mercado de carbono. La iniciativa de la senadora salteña Flavia Royón obtuvo dictamen en septiembre, tras un mes de tratamiento en comisión, y podría incorporarse a una sesión mediante un acuerdo con el oficialismo.
El proyecto reglamentaría la comercialización de créditos de carbono. Esos instrumentos se originan cuando emprendimientos de reforestación, energía renovable o agricultura regenerativa consiguen reducir emisiones y los venden a compradores nacionales o extranjeros que buscan compensar las propias.
La redacción contempla la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones, con mayores atribuciones que el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación creado en 2021. Los proyectos deben acreditar que la reducción de emisiones no se habría producido sin su intervención y que puede sostenerse en el tiempo.
Como incentivo, la propuesta establece estabilidad fiscal por 15 años y facilidades vinculadas con Ganancias, IVA y amortizaciones. También define que el crédito pertenece al propietario de la tierra y no al Estado, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las operaciones.
El Consejo Agroindustrial Argentino pidió la aprobación del régimen y señaló que podría representar unos u$s3.900 millones para el país, junto con inversiones territoriales superiores a u$s2.000 millones. La entidad sostuvo que la previsibilidad y la institucionalidad legal son condiciones prioritarias para transformar ventajas competitivas en inversión y empleo genuino.
La demora de la ley de biocombustibles
El escenario es menos claro para la ley de biocombustibles. La sesión prevista para este jueves en el Senado finalmente cayó, pese a que estaba planificado tratar la media sanción del proyecto que aumenta los porcentajes de corte de bioetanol y biodiésel. La suspensión mantuvo trabada una de las definiciones legislativas reclamadas por el sector energético.
En paralelo, el Senado tiene previsto iniciar el próximo miércoles el debate sobre la reducción del régimen de zonas frías. Así, la agenda parlamentaria reúne proyectos con distinto grado de avance, mientras las cámaras empresarias esperan que las discusiones se traduzcan en marcos regulatorios previsibles y en condiciones para nuevas inversiones.