La rebelión comenzó el 30 de marzo de 1996 y terminó el 7 de abril, tras una disputa entre grupos rivales, el secuestro de una jueza y una investigación sobre asesinatos dentro del penal.
El motín de la cárcel de Sierra Chica, ubicada a 12 kilómetros de Olavarría, se inició durante la Semana Santa de 1996 con un intento de fuga y terminó siendo considerado el levantamiento más sangriento de la historia carcelaria argentina desde el retorno de la democracia. La revuelta involucró a unos 1.500 internos del penal y derivó en una protesta que alcanzó a cerca de 10.000 presos de establecimientos de La Plata, Azul, Bahía Blanca, Batán, Dolores y San Nicolás.
La primera acción fue encabezada por trece presos. Brandán Juárez ingresó a la oficina de control y pidió usar el teléfono público; poco después, otro interno exhibió una pistola Ballester Rigaud calibre 11.25. Los amotinados exigieron las armas de los guardiacárceles y tomaron rehenes. Cuando intentaron trepar el muro, el guardia Walter Vivas abrió fuego y se sumaron otros agentes penitenciarios. Uno de los trece presos murió en ese enfrentamiento, y los cabecillas pasaron a ser conocidos como los “12 Apóstoles”.
El grupo estaba liderado por Marcelo Brandán Juárez, Miguel Ángel Acevedo y Jorge Alberto Pedraza. Sus integrantes se enfrentaron con una banda rival y mataron a puñaladas y disparos a Hugo Barrionuevo Vega, a otros seis internos y a Agapito Lencina, señalado como jefe del grupo enemigo. Durante los días siguientes, los detenidos también mantuvieron como rehenes a la jueza de Azul María de las Mercedes Malere y a su secretario, Héctor Torrens, además de guardiacárceles y varios Testigos de Jehová. En total, las personas retenidas llegaron a 17.
Malere había llegado al penal a las 21.50 para recibir un petitorio. Sin embargo, Jorge Pedraza le anunció que los planes habían cambiado y Brandán Juárez le apuntó con un arma antes de llevarla al pabellón 6. La magistrada fue utilizada como escudo humano y, en una ocasión, trasladada de los pelos hasta lo alto de la cárcel, donde amenazaron con arrojarla al vacío si no terminaba la represión. El 5 de abril, Pedraza habló con la prensa desde el techo del pabellón 11 y aseguró que no había muertos, aunque Lencina y varios integrantes de su banda ya habían sido asesinados.
Tras la recuperación del control del penal, se investigó la desaparición de siete internos y se ordenaron peritajes en la carnicería y la panadería. En los hornos se hallaron piezas dentales. Ariel Acuña Mansilla, alias El Gitano, declaró que se habían preparado empanadas con parte de los cadáveres y que los rehenes y guardiacárceles las habían comido. En el juicio, el guardia Oscar Iturralde relató que Miguel “Chiquito” Acevedo le ofreció dos empanadas el 2 de abril y luego le dijo que había comido a un “rocho”.
El 7 de abril, los amotinados se rindieron y reclamaron la resolución de las causas de los presos sin condena, la aplicación del cómputo del “dos por uno” y el traslado a otra cárcel de máxima seguridad. La investigación estableció que Agapito Lencina, Víctor Gaitán Coronel, Luis Romero Alameda, Daniel Niz Escobar, José Cepeda Pérez, Palomo Polieschuk y Mario Barrionuevo Vega habían sido arrojados al fuego. También se confirmó la muerte de Julio Aguiles Maillet, quien recibió dos puntazos en el tórax.