La jubilada de 87 años falleció este miércoles en el hospital Gregorio Marañón, donde permanecía internada desde el cuarto intento de desalojo. Su muerte provocó cruces entre dirigentes políticos.
Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años con discapacidad y movilidad reducida, murió este miércoles en el hospital Gregorio Marañón. La noticia fue confirmada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y generó conmoción en España.
La mujer había sido trasladada al centro médico dos semanas antes, luego de que se concretara el cuarto intento de desalojo de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas. El procedimiento se realizó el 23 de septiembre, tras un litigio judicial vinculado con un contrato firmado por su padre en 1956.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó en X un mensaje dirigido a la familia y a quienes sentían la pérdida como propia: «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz».
El fallecimiento reavivó el enfrentamiento entre distintas fuerzas políticas. Irene Montero afirmó: «No es una muerte, es un asesinato». Desde Vox acusaron al Ejecutivo de utilizar el caso para ocultar su responsabilidad en la crisis habitacional, mientras que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordó que ese partido había votado en contra de prohibir los desahucios y respondió: «Buitres al servicio de los buitres. Siervos del dinero y no del pueblo. Mala gente que lo envenena todo».
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó sus condolencias y pidió evitar la utilización política del caso. «Quiero trasladar mi pésame a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Ni campaña, ni partidos, ni utilización interesada. No más piedras en el muro. Ante la muerte de una persona solo cabe el respeto», señaló.
El conflicto comenzó en 2018, cuando el inmueble pasó a manos del fondo de inversión Urbagestión. Aunque Maricarmen cobraba una pensión cercana a los 1.400 euros y pagaba unos 500 euros de alquiler, la firma llegó a reclamarle 2.650 euros mensuales para permanecer allí y luego redujo el pedido a 1.600. Tras el desalojo, las movilizaciones impulsaron un acampe en la Puerta del Sol y un acuerdo para que regresara a su domicilio al recibir el alta, pero el Sindicato de Inquilinas lamentó que la solución llegó demasiado tarde.