Los fiscales generales sostienen que el chatbot puede reforzar ideas delirantes, promover conductas peligrosas y facilitar daños contra sí mismos o terceros.
OpenAI enfrenta demandas presentadas el 14 de octubre por los fiscales generales de Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska y Virginia Occidental. Las acciones fueron iniciadas por separado ante tribunales estatales y cuestionan el impacto de ChatGPT en niños, adolescentes y otros usuarios.
Los funcionarios alegan que la empresa no informó adecuadamente sobre los riesgos del producto y que habría presentado el servicio como seguro mediante prácticas engañosas. En sus reclamos invocan normas estatales de protección al consumidor y plantean posibles consecuencias para la salud y la seguridad pública.
Entre las medidas solicitadas figuran cambios en el funcionamiento de ChatGPT, controles de edad más estrictos, mejores herramientas de protección para menores y mayores garantías antes de desarrollar modelos de Inteligencia Artificial capaces de perfeccionarse por sí mismos. También reclaman sanciones y daños por las presuntas infracciones.
OpenAI rechazó las acusaciones y afirmó que sus productos cuentan con protecciones según la edad, controles parentales y recordatorios para hacer pausas. La empresa reconoció que ningún sistema puede ser perfecto y expresó su disposición a trabajar con los estados en políticas para la industria.
La disputa se desarrolla después de que OpenAI anunciara, el 18 de agosto de 2026, ChatGPT for Teens, una experiencia destinada a usuarios de entre 13 y 17 años. La propuesta incluye herramientas de supervisión para padres, horarios de descanso y alertas ante situaciones de riesgo, aunque estas no permiten acceder sin restricciones a todas las conversaciones de los adolescentes.
Los demandantes consideran que las salvaguardas actuales no alcanzan para impedir respuestas peligrosas en conversaciones complejas. También advierten que el tono cercano y la adaptación a cada usuario pueden generar una confianza excesiva en el chatbot, incluso en asuntos de salud mental o situaciones que requieren la intervención de un adulto o un profesional. Por ahora, no existe una condena firme contra OpenAI y los tribunales deberán analizar las pruebas y resolver si hubo infracciones.