El presidente del Foro Permanente de Discapacidad valoró la media sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero advirtió por la falta de recursos, los atrasos en medicamentos y prestaciones y la situación de las provincias.
El cura Pablo Morelo, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, consideró que la media sanción de la nueva ley sobre protección social de la discapacidad en la Cámara de Diputados representa “un paso importantísimo”, aunque remarcó que todavía quedan demandas pendientes.
Entre los problemas que señaló se encuentran la falta de inversión, el pago atrasado a prestadores y las dificultades en las provincias. La Ley de Emergencia en Discapacidad se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, pero Morelo sostuvo que la emergencia no se limita a una norma, sino que está vinculada con las condiciones que atraviesan las personas con discapacidad.
El dirigente destacó que el proyecto aprobado en Diputados mantuvo aspectos que habían quedado afuera de la primera iniciativa oficial y que la votación fue “casi unánime”. También advirtió que ahora deberá avanzar en el Senado y consideró que allí podría recibir respaldo. En paralelo, señaló la importancia de que las partidas destinadas al sector queden contempladas en el Presupuesto.
Morelo reclamó que se garanticen los recursos para pagar las prestaciones y cuestionó el atraso en la entrega de medicamentos, pañales y pensiones. Según afirmó, la demora en los medicamentos ya provenía del Gobierno anterior y se incrementó durante la actual gestión. También vinculó las dificultades con las denuncias sobre compras de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivaron en una intervención judicial.
Además, sostuvo que los aranceles que reciben los prestadores acumulan como mínimo un 30% de atraso. Explicó que el porcentaje correspondiente a 2024 no fue reconocido como compensación y que tampoco se incorporó al arancel desde el 1 de enero de 2025, lo que dificulta cubrir las deudas y los costos de las prestaciones.
Por último, cuestionó la campaña del Poder Ejecutivo contra las personas con discapacidad y las acusaciones sobre pensiones y certificados irregulares. “No ha habido ninguna política positiva de desarrollo de este Gobierno para las personas con discapacidad”, afirmó.