La Argentina pidió medidas urgentes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion; el fallo sobre esa solicitud se conocería el 28 de noviembre.
El canciller Pablo Quirno defendió la decisión argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y sostuvo que la perforación podría generar daños irreversibles antes de que el tribunal arbitral pueda intervenir.
La Argentina presentó el arbitraje el 28 de septiembre y solicitó medidas provisionales el 13 de octubre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El pedido apunta a detener nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción.
Durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre, el Gobierno reclamó además que el Reino Unido no utilice los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, no obstaculice la protección del medio marino y evite autorizar acciones que puedan agravar la controversia. La decisión sobre las medidas urgentes fue fijada tentativamente para el 28 de noviembre.
El proyecto es impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Según detalló Quirno en una columna de opinión publicada en La Nación, el plan contempla 23 pozos y 35 años de producción, con licencias otorgadas por el Reino Unido que la Argentina considera ilegales. El canciller afirmó: “No vamos a permanecer impasibles mientras pretenden apropiarse de nuestros recursos naturales”.
En las audiencias, el Reino Unido indicó que el 21 de marzo de 2027 sería la fecha más temprana para realizar nuevas perforaciones y que la extracción comenzaría en marzo de 2028. La defensa británica sostuvo que los árbitros podrían actuar antes, mientras que la Argentina señaló que la conformación del tribunal y su puesta en funcionamiento podrían demorar meses.
Quirno advirtió que una perforación, incluso sin extracción de crudo, dejaría una huella permanente en el subsuelo. También mencionó que, de acuerdo con el plan de contingencia de una de las empresas, un derrame podría llegar en 30 días a aguas argentinas ubicadas fuera del área en disputa. Londres cuestionó la competencia del tribunal al considerar que el caso exigiría resolver la disputa territorial; la Argentina respondió que el procedimiento no debate la soberanía sobre las islas, sino las obligaciones de ambos países respecto de los recursos naturales y el ambiente.