Paoltroni frenó sus empresas agropecuarias en Formosa y responsabilizó al gobierno de Insfrán

El senador nacional Francisco Paoltroni confirmó la paralización de las empresas con las que desarrollaba actividades agropecuarias en Formosa. Al comunicar la medida, sostuvo que sus compañías atraviesan un cuadro de dificultades financieras y económicas, y atribuyó esa situación a acciones del gobierno provincial encabezado por Gildo Insfrán.

Paoltroni presentó la decisión como un recurso para reorganizar las firmas y afrontar las obligaciones pendientes. En un video publicado en sus redes sociales, aseguró que procurará cancelar las deudas y transmitir tranquilidad a clientes, empleados y proveedores afectados por la interrupción.

Cheques rechazados y una planta en venta

La crisis alcanza a Ganaderos de Formosa SRL, consignataria creada por el legislador en 2010. De acuerdo con una consulta a la Central de Deudores del Banco Central, la empresa acumula 225 cheques rechazados por $1.264.604.595,68.

En una rectificación de su declaración jurada, el senador consignó una participación del 98% en Ganaderos de Formosa SRL, del 50% en Los Angelitos SRL y del 48% en Agroindustria de Formosa SRL. Los registros citados indican que Los Angelitos tiene 5 cheques rechazados por $70 millones, mientras que Agroindustria de Formosa registra 15 por $85 millones.

Fuentes cercanas a Paoltroni señalaron que la suspensión comprende al conjunto de sociedades relacionadas con su actividad en el sector. En ese marco, el legislador y sus socios resolvieron ofrecer a la venta la planta de Agroindustria de Formosa SRL ubicada en Ibarreta, proyectada para procesar soja.

El establecimiento había sido construido sobre la ruta nacional 81. Sus socios dijeron en 2022 que habían destinado $100 millones a la iniciativa, pero afirmaron que la falta de conexión a la red de Recursos y Energía de Formosa SA impedía su funcionamiento regular. La distribuidora había explicado que el trabajo requería interrumpir provisoriamente un alimentador de 33 kV utilizado para abastecer a distintas localidades.

La disputa por el suministro eléctrico se extendió durante tres años. Durante ese período, los empresarios utilizaron parcialmente un grupo electrógeno y luego alquilaron otra planta en General San Martín, Chaco, con el propósito de sostener la producción.

Las acusaciones contra la administración provincial

Paoltroni vinculó el deterioro de sus empresas con su confrontación política con Insfrán. Según denunció, la administración formoseña aplicó multas y embargos, además de desplegar controles y ejercer presiones sobre compradores y vendedores relacionados con sus operaciones. También afirmó que a un cliente le secuestraron 300 animales en marzo y que aún no se los habían devuelto.

Ese mes, el senador había cuestionado un procedimiento policial realizado durante un remate de su consignataria en la Sociedad Rural de Comandante Fontana. De las 2200 cabezas previstas, indicó que pudieron entrar unas 1100 y que otras 367 quedaron retenidas. También aseguró que intervinieron cuatro móviles y 25 policías, y calificó el operativo como una maniobra destinada a causarle un perjuicio económico.

Al anunciar el cese, Paoltroni volvió a responsabilizar directamente al gobernador y afirmó que en Formosa se obstaculiza el trabajo privado. No obstante, remarcó que su intención es ordenar las cuentas y cumplir con los compromisos asumidos por las compañías.

Respaldo político y reclamos de productores

El senador Joaquín Benegas Lynch manifestó el apoyo del bloque de La Libertad Avanza a Paoltroni y encuadró el conflicto empresarial dentro de su disputa con Insfrán. También aludió al pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa, norma que habilitaba la reelección ilimitada del gobernador y del vicegobernador.

Por otra parte, Marcos Viana, presidente de la Sociedad Rural de Juan José Castelli, Chaco, dijo en VLU FM 88.5 que alrededor de 46 productores tenían cobros pendientes por operaciones realizadas en un remate del 24 de julio. Estimó que el monto se acercaba a $1800 millones, aunque aclaró que no todos los instrumentos habían alcanzado todavía su vencimiento.

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