La sesión está prevista para este jueves y podría incluir la reforma de la ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación de Patentes. En Diputados, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enfrenta objeciones de aliados y empresas estadounidenses.
Patricia Bullrich intentará que el Senado vuelva a sesionar este jueves, luego de más de un mes sin actividad en el recinto. La jefa del bloque oficialista consiguió las firmas necesarias para llevar al debate la reforma de la ley de Salud Mental y también busca avanzar con el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP).
La última sesión de la Cámara alta estuvo dedicada a la nueva carta orgánica del Banco Central y a los cambios en el régimen de Zona Fría, que fueron aprobados y devueltos a Diputados. La definición sobre una nueva convocatoria quedará en manos de Labor Parlamentaria, donde participan los jefes de bloque.
Entre los proyectos que cuentan con dictamen y podrían sumarse al temario figuran el Régimen de Incentivo para las Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por la bancada de la UCR para captar inversiones superiores a los u$s12 millones, y el marco regulatorio para el mercado de carbono y la emisión y desarrollo de activos financieros ambientales. La reforma política para eliminar las PASO continúa frenada y los senadores esperan señales de la Casa Rosada; las negociaciones están a cargo del jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En Diputados no aparece por ahora una nueva sesión luego de la maratónica jornada de la semana pasada, en la que se aprobaron, entre otras iniciativas, las leyes de Discapacidad y de Inviolabilidad de la propiedad privada. La atención del oficialismo está puesta en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que endurece las penas para las compañías que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.
El texto todavía no reúne los consensos necesarios y los bloques aliados reclaman modificaciones. Uno de los puntos cuestionados es el artículo 111, que fija penas de prisión para quienes actúen por encargo extranjero con el objetivo de alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante desinformación o promover actos de violencia y sabotaje. Además, la iniciativa alcanza a proveedores de las empresas involucradas, una disposición que podría afectar a compañías estadounidenses.
El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó junto al canciller argentino Pablo Quirno que su país está siguiendo los intereses de sus empresas, aunque remarcó el respeto por el proceso legislativo argentino. Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores tenían previsto reunirse el martes pasado, pero el encuentro fue suspendido. El plenario fue reprogramado para este martes a las 16; fuentes oficialistas de la Cámara baja dijeron a Ámbito que la situación “sigue igual”, aunque admitieron que se trata de “una negociación difícil”.