El fiscal consideró insuficiente el descargo presentado en 78 páginas por el exjefe de Gabinete y dispuso peritajes sobre ocho direcciones de Bitcoin, además de medidas para reconstruir la evolución económica del matrimonio.
El fiscal federal Gerardo Pollicita encontró inconsistencias en la explicación patrimonial presentada por Manuel Adorni, exjefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y ordenó nuevas medidas de prueba antes de resolver la situación.
De acuerdo con el análisis de la fiscalía, durante el período investigado la familia Adorni obtuvo recursos lícitos por $229.752.283,20 y registró gastos por $272.820.832,20. En esa última cifra se incluyeron seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito. La diferencia pendiente de explicación es de $43.068.549.
Otro punto bajo análisis son las criptomonedas que Adorni no había declarado ante el fisco durante años, incluso mientras ejercía funciones públicas. En su descargo, sostuvo que consiguió 591.544,61 dólares mediante la venta de bitcoins operados antes de asumir el cargo y que ese dinero permitió justificar 565.000 dólares en efectivo incorporados en la rectificativa de su Declaración Jurada Inicial 2023, bajo el concepto “venta de activos”. También vinculó esos fondos con viajes al exterior, la adquisición de propiedades y refacciones en su vivienda del country Indio Cua.
Para verificar esa versión, Pollicita dispuso un peritaje técnico-criptográfico sobre las ocho direcciones de Bitcoin aportadas por la defensa. El abogado Matías Ledesma y un perito de parte deberán presentarse en la Fiscalía con una computadora portátil y firmar un mensaje en cada dirección mediante billeteras de administración como Sparrow o Electrum. Después, personal técnico de la Policía Federal comprobará las firmas.
La defensa atribuyó el capital utilizado desde 2014 a ahorros previos del matrimonio. Por ese motivo, el fiscal solicitó a la ANSES la historia laboral completa de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad. También requirió a los Registros de la Propiedad Inmueble de CABA y de la provincia de Buenos Aires información sobre inmuebles, escrituras y gravámenes, y pidió datos a la IGJ y a Personas Jurídicas bonaerense sobre eventuales participaciones societarias.
Ledesma sostuvo que no existe delito y definió la diferencia detectada como “una brecha residual, no una desproporción manifiesta”. Según el abogado, representa el 15,8% de los egresos y el 18,7% de los ingresos lícitos computados. Adorni, en tanto, defendió el origen de los fondos: “Quien pretende ocultar un enriquecimiento no publica sus direcciones de criptoactivos ante decenas de miles de seguidores”.