El diputado Esteban Paulón apuntó contra Luis Caputo y Santiago Bausili por las operaciones vinculadas con los lingotes y las pérdidas registradas en instrumentos financieros.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Solicitó que se determine si incurrieron en el delito de “malversación de caudales públicos” por el manejo de las reservas de oro.
La presentación toma como referencia un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los estados contables del Banco Central correspondientes a 2025. Según los datos difundidos a partir de ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas.
Paulón cuestionó el “desmanejo y la opacidad” en la administración de las reservas y pidió que se establezca quiénes intervinieron, qué decisiones se adoptaron y qué controles se aplicaron. También solicitó que se intime al titular del Banco Central a remitir los informes relacionados con el oro, las reservas y las operaciones financieras sobre esos bienes públicos. La causa quedó radicada, tras el sorteo, en el juzgado federal a cargo de Sebastián Ramos.
El expediente se suma a otra denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo, Bausili y el integrante del directorio del Banco Central Juan Ernesto Curutchet. En esa causa se pidió investigar una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras, además de reconstruir las operaciones financieras realizadas durante 2025.
La controversia también alcanza al traslado de lingotes al exterior durante 2024. El Banco Central confirmó que había transferido parte de sus reservas de oro fuera del país y, durante una exposición en el Senado en septiembre, Bausili afirmó que una parte estaba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza. La Auditoría General de la Nación indicó que el análisis sobre la trazabilidad de las reservas continuaba en curso y mencionó demoras en la entrega de información por parte de la autoridad monetaria.
La investigación deberá establecer cómo se estructuraron los contratos, si las operaciones respondieron a una cobertura financiera legítima y si existió un perjuicio patrimonial para el Estado. El resultado negativo de las transacciones, por sí solo, no acredita la comisión de un delito ni la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.