El ministro de Defensa le pidió la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán tras una reunión en su despacho. La liquidación enfrenta deudas con prestadores, laboratorios, droguerías y proveedores, mientras continúa la atención médica.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, le pidió este miércoles la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador y liquidador del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La decisión fue adoptada luego de una reunión mantenida durante la tarde en el despacho ministerial.
El estado de situación correspondiente a julio pasado consignó un pasivo consolidado de $213.902 millones. De ese total, $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura. Las deudas incluyen compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos, mientras una comisión interministerial aún no alcanzó un acuerdo definitivo sobre quién debe asumir las obligaciones generadas por las prestaciones de las fuerzas de seguridad.
El desplazamiento se produjo después de que Guzmán elevara, el 21 de setiembre, la nota NO-2026-91660918-APN-P#IOSFA. En ese documento advirtió sobre un descalce entre las obligaciones prestacionales y los recursos disponibles, además de dificultades para sostener la atención, restricciones de crédito, cortes de servicios, falta de insumos y medicamentos, y una creciente judicialización mediante amparos, medidas cautelares, sentencias, astreintes y embargos.
La continuidad de la atención alteró el cronograma original de liquidación. La administración había previsto mantener las prestaciones hasta el 30 de septiembre de 2026, concentrarse luego en las tareas administrativas y financieras y concretar el cierre definitivo el 5 de febrero de 2027. Sin embargo, IOSFA continúa recibiendo, registrando y auditando facturas, pese a haber perdido su universo original de afiliados y conservar sólo 371 beneficiarios pertenecientes a las fuerzas de seguridad.
Guzmán también señaló que OSFA, a cargo del general de brigada Pablo Plaza, solicitó que IOSFA siguiera brindando atención a través de su red de prestadores. Según el informe, los recursos mensuales girados por OSFA deben cubrir además salarios y gastos fijos indispensables para mantener el Instituto en funcionamiento, un esquema que no estaba contemplado en los términos del Decreto 88/2026. También permanecen pendientes facturas por prestaciones brindadas a las fuerzas de seguridad durante abril y mayo, y OSFFESEG no había abonado facturas presentadas para su pago correspondientes a atenciones acumuladas desde el 01 de junio de 2026.
El pasivo había alcanzado $122.554 millones al cierre de 2024 y continuó creciendo durante el proceso de liquidación. Mientras se intenta ordenar las cuentas, hoteles, complejos recreativos y residencias fueron transferidos para su manejo directo por las Fuerzas Armadas, y se contempla el cierre progresivo de las 33 farmacias propias. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció posibles despidos; en los hoteles involucrados, la cifra difundida ronda los 580 empleados.