Prisión preventiva para el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, acusado de abuso sexual y mala praxis en Chaco

La medida se resolvió el martes, luego de que la defensa pidiera la excarcelación. El expediente reúne diez denuncias y el médico continúa detenido mientras avanza la investigación.

La Justicia de Chaco dictó la prisión preventiva para el ginecólogo Gustavo Osmar Kumiega, imputado por presuntos delitos contra la libertad sexual, estafa y lesiones graves en un contexto de violencia obstétrica y reproductiva.

La resolución fue adoptada durante una audiencia por videoconferencia, después de que el Equipo Fiscal Especial rechazara el pedido de excarcelación presentado por la defensa. Kumiega permanecerá privado de su libertad mientras continúan las actuaciones judiciales.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el expediente contiene diez denuncias: seis por presuntos abusos sexuales durante consultas ginecológicas, tres por posibles casos de mala praxis y una por presunto abuso sexual con acceso carnal.

La investigación está dividida entre dos fiscalías provinciales. Mariana Echarri, titular de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 6, interviene en nueve expedientes, mientras que Jorge Cáceres Olivera, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 4, tiene bajo su órbita la denuncia por presunto abuso sexual con acceso carnal.

El médico fue detenido el 16 de octubre en su vivienda de Resistencia, en el marco de allanamientos realizados también en su consultorio particular y en el sanatorio Femechaco, donde trabajaba. En esos procedimientos se secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Tras permanecer alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas, fue trasladado a Colonia Popular.

Las acusaciones incluyen relatos sobre presuntos abusos durante consultas, cuestionamientos a prácticas realizadas en esas atenciones, comentarios de contenido sexual y contactos posteriores entre el médico y algunas pacientes mediante redes sociales. La defensa sostuvo que las conductas atribuidas no constituyen delitos y que los procedimientos cuestionados se realizaron conforme a los protocolos de la especialidad.

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