La empresa sostiene que el pliego omitió activos y pasivos contingentes vinculados con una patente y reclama una indemnización por daños y perjuicios.
Professional Communications SA presentó a fines de septiembre una demanda ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 3 para pedir la nulidad de la privatización de Transener, que quedó en manos de Edison Energía, del Grupo Neuss, y Genneia. La compañía también reclamó una indemnización por los daños y perjuicios que atribuye al uso indebido de una patente de invención.
La presentación fue realizada por la venta de las acciones de Enarsa en Citelec, controlante de Transener, y sostiene que el pliego de la privatización omitió activos y no informó pasivos contingentes. En particular, solicita que Transener, el consorcio ganador y el Ministerio de Economía respondan por el uso de una patente propiedad de Professional Communications SA e inventada por el ingeniero Rubén Carlos Castaño. El expediente fue obtenido en exclusiva por Ámbito.
Claudio Barbieri, abogado de Professional Communications, declaró a Ámbito que la empresa es acreedora tecnológica de Transener en un juicio iniciado hace 24 años por el uso ilegal de esa patente. Según explicó, la firma impugnó en febrero el pliego ante el Ministerio de Economía porque uno de los pasivos contingentes no informados correspondía a la compañía que representa. La impugnación fue presentada más de dos meses antes de la apertura de sobres para definir al consorcio ganador.
Barbieri afirmó además que la privatización continuó sin que se resolviera la impugnación administrativa y cuestionó que la Procuración del Tesoro de la Nación no hubiera intervenido en la auditoría de los pliegos. La falta de respuesta derivó en un recurso de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo. Como la Cámara no resolvió el planteo, el abogado presentó una queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema.
De acuerdo con la documentación obtenida por Ámbito, Professional Communications realizó solicitudes de acceso a la información sobre la privatización, pero sostuvo que no fueron respondidas o recibieron respuestas evasivas. La empresa también denunció que expedientes administrativos dejaron de estar disponibles en la página donde estaban cargados. El amparo por mora tuvo una sentencia favorable y fue apelado por el Ministerio de Economía; la Cámara en lo Contencioso debía resolver en agosto, pero no lo hizo.
La demanda ubica el origen de la disputa en 2002 y señala que en la infraestructura de las líneas de alta tensión de Transener existe una red de fibra óptica, con hilos claros y oscuros, además de servidumbres de paso asociadas. Professional Communications sostiene que esa infraestructura, vinculada con derechos, patentes e innovaciones tecnológicas, fue omitida, subvaluada y sustraída del control público durante la venta de las acciones de Citelec.
La privatización se concretó luego de que Economía transfiriera la participación de Enarsa en Citelec por u$s356,1 millones. Tras asumir el control, el nuevo directorio de la compañía ordenó distribuir dividendos en efectivo por $253.535.989.514, una suma equivalente a cerca de dos terceras partes del dinero pagado al Estado argentino por Edison Transmisión, de los Neuss, y su coadjudicataria.