Proponen fortalecer los centros vecinales para planificar el desarrollo de Córdoba

El planteo sostiene que la participación ciudadana puede mejorar las obras y servicios urbanos, y advierte sobre los efectos de la densificación y los acuerdos urbanísticos.

La planificación de una ciudad debería contemplar la participación de la sociedad civil y de sus organizaciones, además de la autorización de obras viales, redes de servicios, infraestructuras y establecimientos de salud por parte del Estado municipal. El objetivo sería construir relaciones de cooperación que generen beneficios compartidos y fortalezcan el capital social.

En ese esquema, la democracia en los Centros Vecinales aparece como una herramienta para mejorar los resultados de las intervenciones urbanas mediante relaciones, comunicaciones e información horizontal entre vecinos y entre la comunidad y el Estado. En las grandes ciudades, esas instituciones cumplen un papel similar al de las Cooperativas de Usuarios y Mutuales en localidades del interior, aunque su función es suplementaria porque el Estado interviene con obras, servicios y regulaciones.

El planteo identifica como principales debilidades de los Centros Vecinales a la política partidaria, la burocracia estatal y las limitaciones institucionales o falta de experiencia de sus dirigentes. En Córdoba, esas organizaciones estuvieron durante décadas precarizadas, intervenidas y desfinanciadas. En los últimos años comenzó, de manera dubitativa e intermitente, un proceso de regularización, elecciones y asunción de nuevas autoridades, aunque persisten dificultades vinculadas con la personería jurídica, las relaciones tributarias con ARCA y el funcionamiento de las cuentas bancarias.

También se señala que algunos Centros Vecinales integraron a representantes partidarios y vecinos sin pertenencia política, además de clubes, comedores comunitarios, entidades religiosas y organizaciones de protección de minorías. En otros casos, sus autoridades oscilan entre la confrontación política y la subordinación a organismos municipales. Para atender esas dificultades, la Provincia inició junto con el municipio un programa en la Universidad Provincial de Córdoba destinado a capacitar a autoridades y vecinos de los 355 Centros Vecinales de la ciudad, en articulación con la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes.

El desarrollo urbano es presentado como otro de los desafíos. Los planes de densificación podrían impulsar procesos de gentrificación, encarecer la propiedad y desplazar a residentes actuales si se definen sin consultar a los vecinos y sus organizaciones. Además, los acuerdos urbanísticos particulares son cuestionados cuando otorgan beneficios a privados sin contraprestaciones suficientes o sin prever redes de agua, desagües pluviales y cloacales, recolección de residuos, servicios ambientales y obras viales capaces de responder al aumento de la densidad.

El texto vincula esas preocupaciones con los últimos escándalos relacionados con autorizaciones de bomberos, licencias de conducir, habilitaciones de espectáculos públicos, delitos atribuidos a colaboradores que actúan como punteros y designaciones sin los recaudos necesarios. Frente a ese escenario, plantea que el municipio debe reducir la ambigüedad normativa y la arbitrariedad, promover Centros Vecinales transparentes y sostenibles, y apoyarse en ellos para validar sus intervenciones y convertir a la ciudad en un proyecto integrado.

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