El juez Enrique Alonso Regueira no hizo lugar al pedido de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, aunque la cautelar principal seguirá en trámite. El Gobierno tendrá cinco días hábiles para responder.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 rechazó la solicitud de los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras.
El juez Enrique Alonso Regueira consideró que los legisladores no demostraron la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que justificaran una decisión inmediata, de acuerdo con los requisitos previstos por el Código Procesal y la Ley 26.854.
La resolución denegó la medida interina, pero no definió la cautelar principal, cuyo tratamiento continuará. Antes de resolver ese planteo, el magistrado ordenó al Gobierno presentar en un plazo de cinco días hábiles el informe requerido y las actuaciones administrativas correspondientes. Pichetto y Massot habían pedido que ese período fuera reducido a dos días.
Los diputados pretendían que volvieran a regir de manera provisoria las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros mientras el Congreso debate el futuro del DNU. También sostuvieron que las operaciones concretadas durante la derogación podrían transformarse en derechos adquiridos y cuestionaron el uso de un decreto de necesidad y urgencia, al considerar que el Congreso estaba en condiciones de funcionar.
La presentación incluía, además, pedidos para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar los datos sobre adquisiciones realizadas por extranjeros y difundir la existencia del proceso judicial. Con la derogación, dejaron de aplicarse los límites de la Ley 26.737, entre ellos el tope del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente, junto con restricciones vinculadas con la nacionalidad, la superficie y determinadas zonas cercanas a cuerpos de agua.
Tras conocer el fallo, Pichetto cuestionó la demora judicial y afirmó que permite que continúen las compraventas de tierras rurales por parte de extranjeros. El diputado calificó la situación como de “gravedad institucional” y sostuvo que el rechazo podría anticipar el resultado de la presentación, una interpretación política que no forma parte de los fundamentos expresados por el juzgado.