El CIN reclama elevar a $11 billones los fondos previstos para las universidades y evalúa nuevas acciones judiciales y parlamentarias, además de la movilización del 15 de octubre.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,5 billones para el área de Desarrollo de la Educación Superior, un 21% más que lo correspondiente al año actual. La cifra queda por debajo de la inflación acumulada hasta septiembre, que fue del 23,6%.
De acuerdo con OpenArg, hasta septiembre se ejecutaron $3,8 billones en el sector, equivalentes al 61% del crédito vigente y por debajo del ritmo del calendario. El OCEPP calculó una variación real negativa del 25% respecto de 2023, mientras que el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la UNL estimó que la asignación proyectada representa el 0,53% del PBI, frente a un promedio del 0,74% entre 2016 y 2023.
El Consejo Interuniversitario Nacional pretende que el Presupuesto 2027 fije al menos $11 billones para las universidades. Según las autoridades universitarias, ese monto contempla los aumentos reales previstos por la ley de Financiamiento Universitario para salarios, funcionamiento y becas. También señalaron que la infraestructura, la ciencia y la técnica y las becas Progresar demandarían otros $7,086 billones.
En una reunión mantenida este martes con diputados peronistas, los rectores analizaron incorporar la ley de Financiamiento Universitario al dictamen del Presupuesto 2027. Además, no descartaron promover una denuncia penal con sanciones más severas frente al incumplimiento de la norma. La estrategia se suma a la expectativa por el fallo judicial que ordena ejecutar la ley y al apercibimiento de multas por la demora en su implementación.
Unión por la Patria pidió que el jefe de Gabinete garantice el cumplimiento del fallo y que el secretario de Hacienda incremente las partidas universitarias del proyecto. El presidente de la Comisión de Presupuesto, «Bertie» Benegas Lynch, respondió que esa comisión no tiene competencia para impartir instrucciones de gestión a la Jefatura de Gabinete y mencionó el 20 de octubre como una posible fecha para que funcionarios del área educativa defiendan los lineamientos presupuestarios. La bancada también planteó compensar los recursos universitarios con una reducción de la Jurisdicción 91, «Obligaciones a cargo del Tesoro», que prevé $14,9 billones.
Las autoridades universitarias también reclamaron la derogación del DNU 70/2023 y cuestionaron el aumento de los servicios, además de advertir que dejaron de recibir fondos de dependencias como los antiguos ministerios de Obras Públicas y de Ciencia. Por eso, siguen con atención la jornada del 15 de octubre, cuando se prevé una marcha y una sesión para tratar la derogación del DNU, la emergencia en discapacidad y un proyecto sobre morosidad. En paralelo, diputados opositores difundieron llamados a participar de la movilización. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales calculó que los salarios docentes y no docentes acumulan un retraso real del 33,4%.