El máximo tribunal salteño rechazó por unanimidad las impugnaciones contra la Ley 8.535. En Tucumán, la Procuración deberá opinar si la Corte nacional puede intervenir en la causa.
La Corte de Justicia de Salta ratificó la validez de la Ley 8.535, aprobada por la Legislatura el 30 de abril bajo el nombre de Ley de Participación Democrática. El tribunal rechazó por unanimidad tres acciones de inconstitucionalidad presentadas por Carlos Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, de La Libertad Avanza; el dirigente de izquierda Claudio Del Plá; y Alejandro Patrón Costas, del Partido de la Reconquista.
La norma establece la acumulación de votos de las listas que integran un mismo frente, exige que las candidaturas a la gobernación se presenten en al menos quince de los veintitrés departamentos y obliga a que cada alianza reúna como mínimo a dos partidos. El espacio que obtiene más votos define al ganador y, dentro de ese frente, se impone el candidato con mayor cantidad de sufragios individuales. La reforma también amplía los plazos para inscribir frentes y presentar candidaturas, y dispone la apertura de todas las urnas para contar manualmente los comprobantes impresos del voto electrónico, con fiscales de todas las fuerzas.
Los jueces sostuvieron que las provincias tienen autonomía para establecer su régimen electoral y que la Constitución salteña otorga amplias facultades a la Legislatura en esa materia. También consideraron que el sistema preserva la elección directa, que la exigencia territorial resulta razonable y que el piso de dos partidos por frente favorece la representatividad. La oposición había cuestionado el esquema por considerarlo restrictivo para las fuerzas pequeñas y beneficioso para el oficialismo, mientras que el bloque gobernante lo presentó como una modernización y negó que implicara un regreso a la Ley de Lemas.
El fallo no resolvió si Gustavo Sáenz puede postularse nuevamente. El gobernador transita su segundo mandato y esa posibilidad continúa en debate político y judicial, pero hasta ahora no existe una candidatura oficializada ni una presentación judicial sobre ese punto. Un abogado salteño consultado por Ámbito señaló que la sentencia solo examinó la compatibilidad de la reforma electoral con las constituciones provincial y nacional, y que las condiciones para acceder a la gobernación siguen siendo las previstas por la Carta Magna local.
En Tucumán, la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de la Nación pidió a la Procuración General que dictamine si el máximo tribunal tiene competencia originaria para tratar la demanda contra el artículo 90 de la Constitución provincial. La opinión estará a cargo del procurador interino Eduardo Casal, no será vinculante y no abordará por ahora si Osvaldo Jaldo está habilitado para competir. Si la Corte acepta intervenir, la provincia tendrá 60 días para responder.
La acción fue presentada el 26 de octubre por el diputado nacional Mariano Campero, de Cambia Tucumán, con el respaldo de Fuerza Republicana, el PRO y CREO. Los demandantes sostienen que el artículo 90 permite encadenar cargos de vicegobernador y gobernador durante hasta dieciséis años y que eso vulnera la alternancia republicana. Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023, estuvo a cargo del Ejecutivo durante la gestión de Juan Manzur como jefe de Gabinete de la Nación y asumió la gobernación en 2023. Tucumán fijó sus elecciones para el 9 de mayo de 2027, con candidaturas que deberían oficializarse un mes antes.