El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi consideró que los documentos hallados en el teléfono de Mauricio Novelli, los movimientos en cajas de seguridad y el rastreo de criptomonedas no probaron pagos ilegales ni un pacto criminal.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y a los otros nueve investigados en la causa por el lanzamiento de $LIBRA. La resolución, dictada el 23 de octubre, concluyó que los elementos reunidos durante la investigación no alcanzaban para acreditar los delitos denunciados.
Entre las pruebas analizadas estuvo una nota encontrada en el teléfono de Mauricio Novelli con la frase en inglés “this is the final agreement as discussed with H.”. El magistrado sostuvo que ese documento no demostraba por sí solo la existencia de un acuerdo perfeccionado, sus partes, sus términos ni una eventual contraprestación por el ejercicio indebido de influencia. También evaluó una oferta de Kelsier Group fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, que mencionaba actividades vinculadas con el Gobierno argentino, blockchain, Web3 e inteligencia artificial. La falta de firmas y de pruebas sobre su aceptación impidió considerarla un acuerdo ilícito.
La Justicia también revisó los movimientos registrados en cajas de seguridad vinculadas con Novelli y su familia. María Alicia Rafaele y María Pía Novelli aparecían en registros y filmaciones de operaciones realizadas en fechas cercanas al lanzamiento del criptoactivo. Sin embargo, cuando las cajas fueron allanadas en una sucursal del Banco Galicia estaban vacías. Para el juez, esos movimientos no permitieron establecer qué se había guardado allí, con qué finalidad ni que hubieran sido utilizadas para almacenar o distribuir sobornos.
La denuncia había señalado que, tras la publicación de Milei en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025, el precio de $LIBRA había subido desde unos US$0,01 hasta cerca de US$5 y luego se había desplomado. También estimó que algunas billeteras habían retirado alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores habían sufrido pérdidas. Organismos especializados analizaron las operaciones y se solicitó congelar 44.593.888,562 USDC ubicados en una dirección de la red Solana que había recibido fondos de billeteras etiquetadas como “LIBRA: TEAM WALLET”. Martínez De Giorgi consideró que reconstruir esos movimientos no permitía demostrar el destino final del dinero ni su transferencia como pago indebido a funcionarios.
El fallo diferenció la promoción pública del token de la existencia de una estafa. Según el magistrado, la secuencia temporal entre la publicación, el aumento de la cotización y la caída posterior no probaba por sí misma una maniobra defraudatoria. También sostuvo que la notoriedad de quien promociona un activo, la repercusión del lanzamiento o la confianza que pueda generar no equivalen automáticamente a un ardid penal. En relación con los informes de la DATIP, señaló que un sumario administrativo de la Procuración General de la Nación había acreditado el acceso indebido de una empleada a documentación reservada y la posterior filtración de parte de ese contenido, lo que afectó los controles y el valor probatorio de esos informes.
La denuncia impulsada por la diputada Mónica Frade a partir de versiones sobre Nadia Beller y Fernando Cerimedo tampoco aportó elementos sobre $LIBRA. La fiscalía informó que Beller, quien había sido baleada en Bolivia, no había declarado sobre el lanzamiento o la caída del token ni sobre otros hechos vinculados con la causa. Tras el pedido de sobreseimiento del fiscal Eduardo Taiano, el juez entendió que los hechos no encuadraban en una figura penal. Como los damnificados fueron apartados del rol de querellantes, solo quedaría una eventual intervención de la Cámara Federal de Casación para restituirles esa condición antes del vencimiento del plazo de apelación; de no ocurrir, el caso quedaría definitivamente cerrado.